¿Lastra un chalé el PGOU tosiriano?
José Rodríguez Cámara/Jaén
La Justicia dijo, hace ya más de un mes, que el residencial construido en la antigua Villa Elena de Torredonjimeno no es legal. La obligación de deshacer el entuerto, según expertos, puede obligar a rehacer el Plan General de Ordenación Urbana. El documento, de por sí contestado, está en pleno proceso de debate actualmente.
José Rodríguez Cámara/JaénLa Justicia dijo, hace ya más de un mes, que el residencial construido en la antigua Villa Elena de Torredonjimeno no es legal. La obligación de deshacer el entuerto, según expertos, puede obligar a rehacer el Plan General de Ordenación Urbana. El documento, de por sí contestado, está en pleno proceso de debate actualmente.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torredonjimeno está en proceso. Este documento es crucial para la planificación del desarrollo de cualquier municipio y, en el caso del término tosiriano, no avanza con buen pie; todo lo contrario. El equipo de Gobierno, en manos actualmente del PP, lo tramita con diligencia, a pesar de ser una “herencia” de sus antecesores en la Alcaldía, IU. Tiene dos sambenitos. El primero es Villa Elena. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró ilegales los acuerdos que permitieron que se construyeran pisos, locales comerciales y cocheras en lo que fue una antigua casa señorial. Expertos en urbanismo consultados consideran que enmendar la situación, es decir, legalizar el residencial, implica una modificación profunda del PGOU, aprobado ya inicialmente. Este paso obligaría a retrotraer los trámites a 2010, cuando el plan obtuvo su primer visto bueno, es decir, los tres años de avances. El equipo de Gobierno, al conocer el fallo en contra del Ayuntamiento, pidió auxilio a la Junta, que fue la que llevó a los tribunales el controvertido proyecto urbanístico. La Administración autonómica no se negó a escuchar a la tosiriana, pero dejó claro que se trata de una cuestión municipal y de este ámbito tiene que llegar la solución, como dejó entrever. Según se explicó a este periódico, el promotor también tendrá que asumir “responsabilidades”. El arreglo pasa por ordenar el aumento de la edificación que, en la práctica, ya existe y esto solo es posible, según el abogado consultado, sin que implique un enriquecimiento del constructor, lo que es lo mismo, hay que compensar al municipio por el aprovechamiento de este suelo. También es preciso que se determine qué grado de responsabilidad tienen los gobernantes que autorizaron el proyecto. No solo se trata de una cuestión política, sino con consecuencias civiles e, incluso, penales. El PSOE ya se manifestó en ese sentido, al anunciar que pedirá responsabilidades al equipo de Gobierno que, el 25 de mayo de 2006, aprobó la modificación puntual de las normas urbanísticas para hacer posible lo que, hoy, es Villa Elena. Más información en nuestra edición impresa.