24 jun 2015 / 14:47 H.
Nadie es más que nadie detrás de las rejas y existen estrictos protocolos que velan por ello. Esta es la teoría, pero, en los últimos días, se ha puesto en tela de juicio. La Inspección Penitenciaria realiza una investigación reservada ordenada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, para aclarar el supuesto trato a favor a la cantante Isabel Pantoja, interna en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), después de las reiteradas críticas de funcionarios de ese centro que han salido a la luz pública. La noticia en sí no dejaría de ser una más en las páginas del corazón o en televisión rosa, si no fuera porque el asunto ha trascendido ya a las altas esferas de la Administración de Justicia y el escándalo, de confirmarse la veracidad de las acusaciones, sería verdaderamente mayúsculo. No en sí por este caso en concreto, sino por los agravios comparativos que representa para el resto de los reclusos que cumplen condena en las prisiones del país. El propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha visto obligado a declarar de manera expresa que se ha solicitado un informe expreso a la directora de la cárcel de Alcalá de Guadaíra, a raíz de las informaciones publicadas sobre los presuntos privilegios a la artista en el interior del recinto penitenciario, denunciadas por sindicatos. Todo, después de que disfrutar de su primer permiso desde que ingresara en prisión el pasado 21 de noviembre. A la espera de las conclusiones de la investigación en marcha, el ministro no se ha pronunciado por prudencia, remitiéndose a ese documento final para tomar una determinación. Habrá que apelar a esa misma prudencia para no adelantar juicios, ni acontecimientos.