Hogares de chapa contra el gueto

El barrio de El Polvorín surgió cerca de un antiguo depósito de municiones, de ahí el nombre. Hace unas dos décadas, los originales propietarios de las casas se marcharon y llegaron algunas familias gitanas. Las viviendas, recuerda el alcalde, Gabriel González Villanueva (PP), fueron ocupadas ilegalmente. La zona, no lo oculta, es un foco de marginalidad en este pueblo de la comarca de El Condado que, por poco, tiene un censo que supera los tres mil quinientos vecinos.
Eso sí, el barrio, hasta 2008, era como si no existiera. Pero, a finales de ese años, hubo una auténtica convulsión social a raíz del enfrentamiento entre payos y calés. Durante jornadas, el municipio estuvo “tomado” por la Guardia Civil y el Gobierno local de entonces, socialista, tuvo que emplearse a fondo para terminar con esta crisis. Se solicitó ayuda a otras administraciones para instaurar la paz social y, aunque luego se negó esta intención, ya se habló entonces de acabar con  El Polvorín. ¿El motivo? En el barrio residen miembros de la familia García Fajardo, parientes de uno de los detenidos en los enfrentamientos de hace ya casi cuatro años. Algunas mujeres, que también tienen su domicilio en esta parte del municipio, denunciaron haber sido agredidas y, al parecer, se apedreó una de las casas. En resumen, estos gitanos aseguraban estar aislados y atemorizados, sin empleo ni forma de conseguirlo, tras el aumento, aseguraban, de la tensión en Castellar. La situación llegó al extremo de que organizaciones que representan a esta etnia les llevaron comida, amén de poner el grito en el cielo por “el drama” que vivían. Los García Fajardo continúan allí todavía, explica el máximo responsable municipal, y esta veintena larga de personas, aclara, “malvive” en unos inmuebles que están apuntalados por dentro y por fuera. El regidor, de hecho, teme que cualquier día se vengan abajo las casas y haya que lamentar desgracias personales. Por eso, anuncia, tajante, que echará abajo la barriada. Los gitanos desalojados se trasladarán, deja claro, a casas prefabricadas en la zona donde viven la mayoría de calés castellariegos, en la salida hacia Villacarrillo. Será el primer paso, aunque el objetivo, aclara el responsable del Gobierno local, es construir viviendas de protección oficial que den respuesta a la demanda de un hogar existente entre estos y otros vecinos del pueblo. En esta tarea será clave, como deja claro el alcalde, la colaboración con la Junta y la Diputación. Aunque la decisión de acabar con El Polvorín es firme, Gabriel Fajardo admite que, por el momento, no tiene fecha para la “mudanza”. Será fundamental, como dice el máximo responsable local, lo que se acuerde en la visita prevista, próximamente, de responsables de la Administración provincial al municipio castellariego.
sin dueño. Uno de los problemas de las casas de El Polvorín es que el Ayuntamiento, según el regidor, no podía encontrar a los legítimos propietarios de los inmuebles. Ellos son, en primera instancia, los que podrían reclamar la propiedad. Ante ello, en la anterior legislatura, se decidió recurrir a los tribunales para poner en marcha un expediente de derribo, algo que, según el actual alcalde, ya tiene todos los parabienes. Poco después de que se desatara el conflicto social, ya se habló de la necesidad de trasladar a los residentes en el gueto a otra zona del municipio y, como informa ahora Gabriel González que se hará con las viviendas prefabricadas, la idea era que los gitanos de El Polvorín se instalaran en las “Casas Nuevas”, el barrio en  el que residen la mayoría de calés de Castellar y que, tras los disturbios, llegó a quedar casi vacío.