Guerrero declara que la Junta avaló el sistema de los ERE

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, asegura ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, que el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y la viceconsejera de Economía y Hacienda y exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, avalaron en una reunión mantenida en el año 2005 la legalidad del sistema de las transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas investigadas en el caso.

    22 oct 2015 / 09:18 H.


    Fuentes del caso informan de que, durante una declaración que se prolongó por espacio de casi dos horas y a la que asistieron medio centenar de abogados, Guerrero relató que en el año 2005 hubo una reunión en la sede de la Consejería de Hacienda a la que asistieron tanto él como el interventor, Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y el director general de Presupuestos, Antonio Lozano. Todos ellos imputados en la causa.
    Las mismas fuentes precisan que Guerrero, que compareció ante la magistrada tras solicitar declarar de manera voluntaria, añadió que en esta reunión se trató “el contenido material” del informe elaborado en 2005 por la Intervención en relación al ejercicio 2003 de la agencia pública IDEA, y “se llegó a la conclusión” por parte de Martínez Aguayo de que “no había ninguna razón de legalidad” para cambiar el sistema de las ayudas, por lo que se contestó a ese informe adicional defendiendo el sistema vigente.
    Expresó también que en esa reunión solo hablaron Martínez Aguayo y Barberá. En declaraciones a los periodistas tras finalizar su declaración, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía subrayó que la entonces viceconsejera de Economía y Hacienda dijo que “se siguiera trabajando con el mismo sistema, y nadie puso pegas”. Sobre la comparecencia en sí, afirmó: “hemos hablado cositas, con tranquilidad, y bueno, vamos poniendo las cosas en su sitio”. Las fuentes precisaron que, en su declaración, Guerrero dijo que al conceder las ayudas se limitó a aplicar la normativa vigente, como era la orden ministerial de 5 de abril de 1995. Momento en el que la juez Núñez le preguntó cómo explica que en algunos expedientes pudiera haber “intrusos”, a lo que el imputado contestó que “no había” y que, “por error, aparecían personas en otras empresas”, añadiendo que él solo controlaba si las pólizas se pagaban aunque “no le gustaban algunos derroteros que se le dieron a las ayudas”.
    conciencia. Guerrero únicamente contestó a las preguntas de la juez, de la Fiscalía Anticorrupción y de las defensas, y no así a las de las acusaciones, todo ello en una comparecencia que se ha grabado. En su comparencencia, el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía agregó que “en su conciencia era todo legal” y que en su Dirección General “estaban todos los expedientes completos” de las subvenciones, subrayando que si ahora no lo están es porque “se han hecho desaparecer” documentos con posterioridad.
    El imputado, que compareció ayer por sexta vez en el Juzgado y a quien la juez María Núñez Bolaños imputa sendos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales público, también puso de manifiesto que se concedieron ayudas relacionadas con compromisos de otras consejerías.
    De igual modo, la Fiscalía Anticorrupción preguntó a Guerrero si tenía capacidad para oponerse a las órdenes de sus superiores en relación a las ayudas investigadas, a lo que respondió que no, señalando que “nunca” recibió “órdenes directas” por parte del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en este asunto, de manera que dio las ayudas “con plena libertad y criterio, sin interferencias ni presiones”.