Griñán urge a fijar las políticas que pasarán a manos de los municipios

José Antonio Griñán comenzó el curso marcándose como gran reto político que Andalucía sea la primera comunidad de España en elaborar un nuevo marco legal para los ayuntamientos. El problema es que esa es en el Gobierno andaluz una asignatura pendiente desde 1995, que acumula casi dos décadas de retraso desde que se formuló por vez primera, por lo que es difícil confiar en que de verdad se llevará a la práctica.
Desde el Ejecutivo andaluz insisten en que la voluntad de Griñán de que las leyes de régimen local y la de participación de los ayuntamientos en los tributos de la Junta se aprueben en el Parlamento en el primer semestre de 2010 es firme. Señalan que durante una de las primeras reuniones con su equipo, el presidente hizo el encargo a cada consejería de que se analizaran con rigor y profundidad qué competencias de cada departamento pueden transferirse a los ayuntamientos. Ese trabajo, en el que ya muchas viceconsejerías están involucradas, deberá ir acompañado de una memoria económica que detalle el coste de esas políticas para poder saber cuánto dinero tendría la Junta que transferir a los ayuntamientos para los traspasos.
La orden política ha sido acogida con desigual entusiasmo. Algunos consejeros con claro perfil municipalista se han puesto ya manos a la obra. Otros muestran más recelos y aseguran que no se trata de dejar huérfanas de competencias a las consejerías y que en manos del Gobierno deben quedar políticas para fijar unos mínimos en determinados servicios. Muchos departamentos saben que perderían en gran medida poder y recursos y se resisten. También de fondo está la reflexión sobre que la mayoría de las grandes ciudades de Andalucía está en manos del PP, por lo que este nuevo reparto restaría poder a los socialistas. En el Ejecutivo no dan alas a esas reflexiones. “El presidente lo ha dejado muy claro. Es el momento de los ayuntamientos y las leyes que elabore el Gobierno van a ser absolutamente consecuentes con el Estatuto y con lo que señala sobre la autonomía local”, apuntan desde el Ejecutivo. “Son leyes que van a reflejar unas nuevas reglas de juego y que van a definir con claridad las competencias de los ayuntamientos, las Diputaciones y la Junta”, advierten. “Irá mucho más allá del Pacto Local, hablamos de cumplimiento de lo que dice el Estatuto”, indican fuentes próximas a Griñán.
Esta semana el Parlamento tiene previsto aprobar en la Comisión de Gobernación su dictamen sobre las leyes locales. Previamente, el consejero del ramo, Luis Pizarro, se reunirá con la oposición. El documento, de momento, cuenta con el respaldo de PSOE e IU y la abstención del PP. Fue lo que pronosticó la dirección socialista. Pese al empeño de Griñán por sacar de la confrontación estas leyes, que definirán una nueva arquitectura política en la comunidad, en el PSOE están convencidos de que el partido de Javier Arenas no va a sumarse al consenso y que seguirá la misma estrategia que en la financiación autonómica. Es decir, ordenará la abstención para que luego sus alcaldes puedan beneficiarse de las mejoras económicas.
El calendario que tiene el Gobierno andaluz indica que ese dictamen del Parlamento, junto al documento aprobado por unanimidad en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) hace casi un año y los textos internos que maneja Gobernación, se conviertan en dos leyes que se registren en el Parlamento a final de año.
Redacción / Sevilla