Francia recortará empleo público y elevará los impuestos a las rentas altas
El Gobierno francés ha presentado este miércoles los presupuestos para 2012, con la reducción de la deuda pública como 'prioridad', lo que implica comenzar con la reducción del déficit público hasta el 4,5% en 2012 con medidas como la supresión de más de 30.000 empleos en el sector público o la creación de un impuesto temporal para las rentas más elevadas, entre otras.
"El proyecto de Ley de los Presupuestos para 2012 confirma el carácter inviolable de la trayectoria plurianial de regresar al equilibrio en las finanzas públicas", asegura el Ministerio de Presupuestos, Cuentas Públicas y Reformas del Estado. El Gobierno prevé reducir el déficit público del 5,7% en 2011 al 4,5% en 2012, el 3% en 2013, el 2% en 2014 y el 1% en 2015. Por su parte, el ratio de deuda no disminuirá hasta 2013, cuando alcanzará el 87,3%, en comparación con el 87,4% previsto para 2012. Así, el proyecto de Ley prevé que el déficit del Estados sea de 81.800 millones de euros en 2012, 13.800 millones de euros menos que el déficit previsto para 2011. Sin embargo, con las nuevas medidas anunciadas el pasado 24 de agosto, el Gobierno prevé una reducción adicional de 1.000 millones de euros más, hasta los 80.800 millones de euros.
En concreto, los gasto totales del Estado, incluida la deuda y las pensiones, alcanzarán el próximo ejercicio los 362.300 millones de euros, cifra que se reduce a los 275.600 millones de euros si se excluyen esas dos partidas.
Entre las medidas incluidas en el texto de 2012 para reducir el gasto, se incluye la supresión de 30.400 puestos de trabajo en la Administración del Estado. El Gobierno destaca que por primera vez desde 1945 los medios de los ministerios y su masa salarial, excluidas las pensiones, disminuirán su valor, aunque aclara que no afectará a sectores prioritarios como la investigación y la enseñanza superior o sus compromisos en materia de política social.
Asimismo, señala que, al igual que en 2011, el proyecto de Ley congela las ayudas financieras a los colectivos territoriales, que participan junto al Estado en este esfuerzo para reducir el déficit público.