27 jun 2009 / 09:36 H.
Con la aprobación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el Gobierno pretende reforzar un sistema bancario español que, aunque ha demostrado su solvencia hasta el momento, no está exento de peligros si persevera la falta de liquidez. El anuncio de que el Estado aportará el 75% de los 9.000 millones de euros del fondo fue explicado con rapidez por la ministra de Economía, Elena Salgado, para dejar claro que este dinero no supone un gasto adicional porque proviene de las subastas de activos no utilizadas. Y es que en unos meses en los que los bancos y las cajas de ahorro no dan créditos a empresas y particulares, frenando así la generación de riqueza por el temor a no recuperar el dinero, y por más que el Gobierno haya instado con su apoyo a liberar fondos, una nueva medida de apoyo crea recelos en la sociedad. Con esta partida de los Presupuestos Generales del Estado se mantiene una “fortaleza asistida” para que las entidades puedan reestructurarse con garantías y para sanearlas en futuros procesos de integración. Junto a esta medida, también podrán optar a la financiación regulada en los mercados de valores. La medida, a falta de que la valide y dé forma el Congreso de los Diputados, supone otorgar un papel más decisivo si cabe al Banco de España que de la mano del controvertido Miguel Ángel Fernández Ordóñez tendrá que decidir que entidades salvar con la inyección de fondos. Unas ayudas que tendrán que devolver en cinco años y que generarán una segura controversia en una situación en la que las fusiones son un mal menor para ganar músculo financiero y revertir trayectorias abocadas al fracaso. En cada comunidad mirarán con recelo cómo se gestiona un fondo que puede ser determinante para salvar las cuentas de bancos y cajas y, sobre todo, saneará cuentas que las dejarían libres de cargas de cara a las ya cercanas fusiones.