30 jun 2014 / 22:00 H.
Decía el economista Paul Samuelson, que todas las malas experiencias enseñan algo útil. Esta crisis que estamos viviendo ha de servirnos para aprender una importante lección, y es que apagar el fuego hoy, genera cenizas que hay que eliminar mañana. Los ciudadanos han tenido que soportar sobre sus espaldas la necesidad de controlar el déficit público de las diferentes administraciones, por un lado mediante el incremento de los impuestos, y por otro, por la reducción de los servicios públicos. La cuestión no es cuándo saldremos de la crisis, que algunos dicen que ya estamos fuera, sino cómo vamos a salir de ella. Subida de impuestos y recortes tienen consecuencias positivas en las cuentas públicas a corto plazo, pero a la larga, nos encontramos con una desertización del tejido empresarial en nuestra provincia y con desigualdades sociales difíciles de corregir. En cuanto al asunto de la fiscalidad, el gobierno ha anunciado una reforma fiscal, que viene a devolver a los ciudadanos el esfuerzo tributario que han realizado como consecuencia de las subidas de tributos. La reforma, aún en anteproyecto, plantea una aparente reducción de los tributos compensada con eliminaciones sustanciales de exenciones y deducciones. No han tardado en surgir voces críticas desde todos los lados. Por un lado, porque la reducción de tramos viene a concentrar la presión fiscal en las rentas medias, y por otro, desde Europa, que consideran que la reforma debe acompañarse con una subida del IVA. Sin embargo esta reforma no viene, de momento, acompañada por la necesaria reducción de la fiscalidad autonómica, con lo que lejos de conseguir una armonización a nivel de Europa nos hallamos en una incoherente diferenciación dentro del mismo territorio nacional. Tradicionalmente la fiscalidad ha supuesto un atractivo para que inversores ubicaran sus empresas en determinados territorios. Tener el tipo marginal más alto de España, o las diferencias en impuestos como el de patrimonio y sucesiones, no ayuda a atraer inversiones y rentas a Andalucía, incluso provocan la fuga de sociedades mercantiles y patrimonios a otras regiones de España. Y no estamos para eso.