Fiscalía pide dividir el caso de los “ERE” en doscientas piezas

El Recurso. El Ministerio Público señaló que, “en el orden práctico, no proceder a la división de la causa en piezas tal como solicitamos se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que fueron propuestas”, lo que “supone una instrucción sine die”, y también se traduce en “admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos”. La Fiscalía criticó en su escrito que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla “obvia” el posicionamiento sobre la división de la causa, “no ya sólo en razón de la materia sino también de los sujetos presuntos responsables, de la Sala de lo Penal del TS”. Y es que “lo acordado por el Alto Tribunal de separar la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de las personas aforadas ante el mismo del resto de personas aforadas ante otro Tribunal e imputados en la presente causa, junto con el contenido de los razonamientos jurídicos” expuestos, “permite que la magistrada proceda a la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de la causa” en los términos interesados por la Fiscalía hasta en cuatro ocasiones anteriores. “En cuanto al diseño que debe ser aportado por la Fiscalía para poder dividir la causa”, aseveró que “la instrucción ha sido llevada a cabo por la magistrada delimitando los hechos a investigar y abriendo, como consecuencia del resultado de las diligencias que se vinieron practicando, nuevas líneas de investigación que se han traducido en una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable”.

Zarrías: “Las modificaciones llevaban todas ellas el aval de intervención”

El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y diputado nacional Gaspar Zarrías manifestó ayer en el Tribunal Supremo que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como “fondo de reptiles” que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces —los denominados “consejillos”— y se elevaron al Consejo de Gobierno “eran ajustadas a derecho” y contaban con “todos los requisitos que marca la ley”.

En declaraciones a los periodistas tras su declaración en el Supremo, que se prolongó durante casi tres horas y media, y en una breve intervención en la que no aceptó preguntas, Zarrías dijo que dejó “claro” ante el instructor Alberto Jorge Barreiro que los consejillos que presidía “no tenían poder decisorio” y solo elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban “plenamente aceptados por la legalidad”. “En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello, eran perfectamente ajustados a derecho”, incidió el que fuera consejero de la Presidencia. En contradicción con lo apuntado en el informe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil UCO, Zarrías respondió tanto al instructor del caso como a los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto que los citados “consejillos” no son órganos de decisión política sino administrativa, por lo que en sus actas no se fija ninguna referencia a las “transferencias de financiación”, que fueron el instrumento presupuestario utilizado para tramitar las ayudas y que están sometidos a menores controles que el habitual.

Ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso en lo relativo a cinco aforados nacionales, Zarrías incidió en que carece de responsabilidad respecto a las acusaciones planteadas por la juez que investiga el caso en Sevilla, Mercedes Alaya, declarando en la misma línea que vinieron haciéndolo el resto de aforados, como los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Fuentes presentes en la declaración explicaron que a uno de los “consejillos” presididos por Zarrías se presentó, por parte del viceconsejero de Empleo, un proyecto de decreto con el que se pretendía regular el uso de las transferencias de financiación en la concesión de las ayudas. El proyecto fue retirado por el propio viceconsejero tras ser advertido por los servicios jurídicos de un defecto de forma, consistente en que la norma debería constituir una Orden y no un mero decreto.