Fernández y Guerrero, en pieza separada de los ERE

En un auto fechado el pasado 26 de noviembre, la magistrada también incluye en esta pieza a otros nueve imputados, como son los exdirectores de Trabajo Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, dos letrados, dos responsables de la empresa y un “intruso”. Se da la circunstancia de que, tanto Antonio Fernández como los tres exdirectores generales de Trabajo de la Junta referidos, están imputados también en la pieza separada donde están incluidos igualmente los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 46 altos cargos.
La juez relata que el que fuera director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero Raya, “realizó la organización administrativa del ERE de la empresa desde su inicio, negociaciones, tramitación y solicitud de aprobación”, todo ello con la “constante” intervención de un despacho de abogados.
De este modo, incluyó a la expresidenta del Consejo de Administración de Acyco Encarnación Poto Monge “a sabiendas de que la misma no iba a extinguir su relación laboral con Acyco”, ya que “seguiría ostentando el cargo de presidenta de su Consejo de Administración, permitiendo que la misma se beneficiara económicamente de dicha situación a través de su desempleo y prestaciones por prejubilación financiadas por la Junta”.
De igual modo, la juez dice que “realizó” la solicitud de ayuda excepcional en el año 2010 y por un importe de 109.620 euros, “alegando que era para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, cuando en realidad era para el abono de la minuta” del despacho de abogados referido “por esa misma cuantía”, sabiendo además que en el protocolo de colaboración suscrito para financiar las prejubilaciones “había dos personas ajenas a la empresa”.
La juez indica que el entonces director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, “accedería ilícitamente” al pago de la ayuda sociolaboral excepcional “que se había ordenado” por su antecesor, Juan Márquez, por importe de 109.620 euros, “sabiendo, presuntamente, que era para el pago de la minuta” del despacho de abogados mencionado, el cual “había asesorado a Acyco en el proceso del ERE y de las prejubilaciones”, y que “justo esa cantidad era la que en concepto de honorarios venía reclamando dicho despacho a la Junta”.