FCC responde que el arrendamiento de los locales es del Ayuntamiento

La empresa no acaba de salir de su asombro ante la amenaza de desahucio lanzada por la Delegación de Obras Públicas y Vivienda. FCC Medio Ambiente asegura, en un comunicado, que la ocupación del local contó, en todo momento, con la autorización del Gobierno municipal y de Epsa. Tanto es así que fue la propia alcaldesa, Carmen Peñalver, la que entregó las llaves de las instalaciones a los responsables de la compañía concesionaria para su uso como vestuario del personal y almacén de maquinaria.

Además, recuerda que, por contrato, el Ayuntamiento debe proporcionar a FCC Medio Ambiente un local para estos servicios. De hecho, en cumplimento del pliego de condiciones, la Administración municipal, a lo largo de los años, ha cedido varios espacios. Uno de ellos estaba ubicado en la calle Martínez Bordiú, que la empresa tuvo que abandonar para que fuera ocupado por una asociación de vecinos. Posteriormente, se trasladó a unos bajos del Mercado de Abastos de Peñamefécit para marcharse después a unas dependencias en el aparcamiento Goya.

Sin embargo, este último emplazamiento no cumplía las medidas de seguridad y salud, por lo que el Ayuntamiento decidió mandar a los empleados de FCC Medio Ambiente a los bajos del residencial de las 190 viviendas del Bulevar. Unas dependencias  en las que la empresa invirtió cuarenta mil euros en su acondicionamiento para el uso del personal.

En la nota, el gerente de la compañía, José María Gómez, explica que, tras recibir las llaves del local, la alcaldesa y los responsables de Epsa se comprometieron a llegar a un acuerdo para la cesión de las instalaciones. Por ello, entiende que la solución del problema corresponde al Ayuntamiento.

Asimismo, subraya que FCC tiene una trayectoria de prestación de servicios de 110 años, en municipios de toda España “gobernados por partidos de todos los signos y en cuarenta y cinco países de todo el mundo”. A este respecto, añade: “Nuestra empresa  se rige por un código ético y, tanto los profesionales que trabajan en ella como los proveedores que colaboran, están obligados a cumplir la legalidad vigente en todas y cada una de sus intervenciones”, señala.  

Por último, apostilla que, con el cambio de Gobierno, Epsa envió un escrito para que FCC abandonara el local, a lo que respondió que ella no tenía relación alguna con ellos y que se dirigieran al Ayuntamiento. Javier Esturillo / jaén