01 jul 2014 / 22:00 H.
La proyección del caso Nóos en la que se investiga la presunta trama corrupta dirigida por Iñaki Urdangarin amenaza no solo con romper la buena sintonía o amistad entre el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach, sino también con dejar un pésimo ejemplo sobre la relación entre dos poderes judiciales que trabajaron codo con codo en una de las causas más importantes de la historia judicial española reciente. Un caso único por las conexiones de poder políticas y la utilización que hizo el yerno del Rey de la propia Corona para conseguir sus propósitos “empresariales”. Las apreciaciones subieron de tono y no solo en los pasillos del juzgado ante los medios de comunicación, porque a través de sus escritos, el fiscal ha sobrepasado determinadas líneas. En el último recurso contra la decisión del juez de imputar a la Infanta Cristina, el fiscal sostiene, entre otras perlas, que el juez “ha manejado para construir su imputación datos equívocos para construir unos hechos con apariencia delictiva”, que se “basa en en simples suposiciones sin indicio incriminatorio alguno” o que el magistrado está influenciado “por algunos medios de comunicación”. Estas y otras aseveraciones hicieron que el propio Castro instara al fiscal a que, si realmente creía lo que había escrito, debía presentar una querella contra él por prevaricación. En este despropósito público y por escrito, el Consejo General delPoder Judicial dictó un comunicado en el que censuraba las “apreciaciones personales” contra el juez y pidió respeto institucional en los escritos procesales. Y es que sembrar dudas sobre la actuación de los profesionales de la Justicia en estos momentos es el peor servicio que se puede hacer a la causa, al margen de las defendibles discrepancias procesales.