“Estoy dispuesto a ir a la cárcel por defender a los trabajadores”

De este modo, se autodenomina el grupo de jornaleros acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad y para los que la Fiscalía pide una condena global de cien años de cárcel. Presuntamente, encabezados por el propio Bódalo, agredieron al anterior teniente de alcalde del municipio galduriense, el socialista Juan Ibarra, en la mañana del 27 de septiembre de 2012. “Estoy dispuesto a dar con mis huesos en la cárcel por la defensa de los derechos de los trabajadores”, explicó el “guerrillero de la boina” antes de entrar a la sala de vistas de la Audiencia. El Ministerio Público considera que tuvo una participación muy activa en el altercado y, por ello, le solicita un castigo de seis años y medio de cárcel. “Es un juicio político, fruto de una persecución realizada por el PSOE”, añadió Bódalo.
Ya en el banquillo, el sindicalista se despojó de su gorra. Fue el primero en declarar y lo hizo de forma muy tranquilla para tratar de explicar qué fue lo que ocurrió el día de autos. Explicó que llevaban tres semanas encerrados en la Casa de la Cultura del pueblo para reclamar más trabajo en el campo y que acudieron a la Plaza de la Constitución porque habían sido citados “por el alcalde” para declarar por una multa anterior: “Solo queríamos entrar en el edificio y, en ningún momento, agredimos a nadie”, aclaró. Negó haber arengado a los demás manifestantes para “tomar el Ayuntamiento” y defendió que fue una protesta “totalmente pacífica”. “Yo no he hecho nada” y “no pegué a nadie” fueron dos de las frases que más repitió Bódalo durante el cuarto de hora que duró el interrogatorio.
A continuación, llegó el turno del resto de acusados. Trece de ellos se acogieron a su derecho a no declarar. Sí lo hicieron Francisco Javier Angulo, el hijo del anterior alcalde José Luis Angulo (IU), y su esposa, Blasa López. Ambos están acusados de haber agredido, junto a Bódalo, al concejal socialista: “Nosotros somos pedíamos pan y trabajo. No hicimos nada ni pegamos a nadie. Fueron los policías los que me dieron a mí”, relató la mujer, quien explicó que un agente la golpeó en el pecho y le dio un tirón del pelo.
La supuesta víctima. Tras la toma de declaración de los dieciocho acusados, el presidente de la sala, el magistrado Pío Aguirre, llamó a los testigos. Y el primero en entrar fue Juan Ibarra, el concejal socialista que, presuntamente, sufrió un intento de linchamiento aquella mañana. Relató cómo, al volver al Ayuntamiento de tomar un café, se encontró con la muchedumbre de manifestantes. Escuchó que una mujer, a la que identificó como Blasa —la nuera del exalcalde Angulo— avisaba de su presencia: “Dijo que ‘viene el Ibarra. Vamos a por él’. Comenzaron a insultarme y vinieron en bloque. Se abalanzaron sobre mí y comenzaron a golpearme”, relató de forma literal.
Ibarra señaló sin ningún género de dudas a las cuatro personas que lo golpearon, entre las que identificó al propio Andrés Bódalo. “Sentí bastante miedo. A las amenazas y a los insultos estamos acostumbrados, pero aquello fue mucho peor. A mí se me hizo eterno”. Tuvo que ser protegido por varios agentes de la Policía Local, que le hicieron un pasillo de seguridad para que pudiera llegar al Ayuntamiento.
Varios de los agentes, que declararon como testigos, coincidieron en que la situación fue “muy tensa”, que había mucha “agresividad” en la gente y que hubo “forcejeos y empujones”. El más explícito fue uno de los policías que, presuntamente, también fue agredido y que es cuñado del actual alcalde, el socialista José Luis Hidalgo: “Andrés Bódalo gritó por el megáfono que había que tomar ‘medidas más contundentes’, como tomar el Ayuntamiento. Fue, entonces, cuando llegó Juan Ibarra. Comenzaron a insultarlo, a increparlo y a empujarlo. Fue un momento crítico y muy violento”, señaló. “Incluso, llegaron a acorralarlo contra una pared”, añadió el funcionario. Una versión que fue ratificada por otros policías, si bien ninguno pudo identificar a las personas que golpearon al concejal. “Yo no vi a nadie pegarle, pero que no lo viera no quiere decir que no se produjera”, explicó un agente.
Tras casi cinco horas de sesión, el presidente del tribunal dejó el juicio visto para sentencia. La Fiscalía mantuvo su petición de condenas: para Bódalo exige un castigo de seis años y medio de cárcel y para los demás procesados, penas que oscilan entre el año y los cinco años y medio de prisión. Hay que sumar las multas solicitadas, que van desde los 4.200 euros para Bódalo hasta los 3.000 para cada uno de los otros 17 acusados. El PSOE, que ejerce la acusación particular, también mantuvo hasta el final su petición de penas: Tres años y medio de cárcel por el delito de atentado y un año y nueve meses más por el delito de desórdenes públicos.
Terminado el juicio, el concejal de Jaén en Común volvió a calarse la boina negra. Se fue a la calle, donde recibió el aplauso del casi centenar de personas que, convocadas por el SAT, pasaron toda la mañana en la calle Arquitecto Berges. Megáfono en mano y en un tono mitinero, Andrés Bódalo les lanzó su arenga: “No somos delincuentes. Defender los derechos de los trabajadores no es un delito”, gritó, mientras era jaleado.
El “guerrillero de la boina” se juega mucho en este proceso. Con dos condenas penales a sus espaldas, este caso puede suponer su encarcelamiento en caso de que prosperen las tesis de la Fiscalía. Y, lógicamente, también supondría el fin de su carrera política, pues acarrearía su inhabilitación para ejercer cargo público. “Estoy dispuesto a dar con mis huesos en la cárcel por defender a los trabajadores”, concluyó. Su futuro y el de los 18 de Jódar está visto para sentencia.