18 jul 2010 / 09:19 H.
La decisión de la magistrada que investigaba los supuestos seguimientos realizados al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia de Madrid, Alfredo Prada, de sobreseer y archivar, por acuerdo, este llamado caso de los espías deja cierto sabor amargo a la sociedad. Contrastado está que ambos fueron seguidos por ex guardias civiles dependientes de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. La jueza determina que no está acreditado que las personas imputadas desviaran fondos públicos a estos seguimientos y que estos tampoco se hicieron con ánimo de lucro, un punto determinante para que la causa “muera” por la vía penal. Ahora cabe la posibilidad de recurso de los perseguidos y que, al menos, por la vía civil tendrán recorrido sus demandas al producirse una clara invasión de su intimidad. El PSOE, no obstante, ya ha comunicado que recurrirá el auto al considerar probado el espionaje. Pero, desde el punto de vista de la opinión pública es clamorosa la aptitud adoptada tanto por el consejero de la Presidencia, Francisco Granados, como la de la propia presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que desde el primer momento intentaron restar importancia a unos hechos graves. La intención de perseguir a compañeros de partido entre los que no hay sintonía evidencia el afán por conseguir información sensible con la que presionar o negociar. Para colmo, las declaraciones de Granados en las que insta a los perseguidos a pedir perdón son inadmisibles desde el punto de vista ético y político. Recientemente se ha denunciado cómo ertzainas realizaban seguimientos y pasaban información sobre políticos y cargos públicos a dirigentes del PNV. Estos hechos, al margen de la calificación jurídica, son deplorables en el comportamiento público y la sociedad no puede acostumbrarse a ellos. Los partidos, por lo tanto, deben proceder si no quieren devaluarse aún más.