España 'planta cara' a Ciolos y a su PAC en Europa

Jaén se juega mucho en Europa. La PAC ya se negocia. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunió por primera vez después de que Dacian Ciolos explicara a la Comisión Agrícola de la Eurocámara el documento oficial para reformar la Política Agrícola Común —el pasado 12 de octubre—, lo que constituyó su presentación oficial.
La ministra española, Rosa Aguilar, fue muy crítica con el comisario. Le dijo que su propuesta es “decepcionante” y consideró como “inaceptables” algunas de sus ideas, como la tasa plana que pone fin a los derechos históricos para asignar subvenciones a los agricultores. Esta negociación está encardinada con el futuro de Jaén, ya que la provincia recibe alrededor de 430 millones de euros en ayudas —y hasta 465 si se añaden otro tipo de fondos vinculados al medio rural, según la Eurostat—. Además, no solo se trata el dinero de las ayudas, sino sistemas para controlar el mercado —como el almacenamiento privado— y, consecuentemente, auxiliar a los hombres y las mujeres del campo en apuros.
La ministra española, Rosa Aguilar, no solicitó la retirada de la reforma de la PAC. De hecho, la mayoría de sus colegas europeos consideran que se trata de una buena base de negociación. “No vamos a pedir la retirada de la propuesta. Presentamos una posición común consensuada con las comunidades autónomas y el sector para pedir con claridad y firmeza que los cambios por los que apuesta el comisario Dacian Ciolos no es la PAC que necesita la agricultura española ni la europea”, explicó Rosa Aguilar antes de entrar al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea —en unas declaraciones recogidas por Europa Press—.
La idea de España no es retirar el texto, sino cambiarlo en el proceso de negociación. Rosa Aguilar explicó en Luxemburgo que la tasa plana es un error porque afectará a la productividad de la agricultura. “Generará desequilibrios territoriales y productivos. Además, pone en serio peligro la viabilidad del sistema productivo español porque castiga a los agricultores más eficientes y con más rendimiento —paga a todos igual—, que son los que afrontan mayores costes de producción”, argumentó Rosa Aguilar en el Consejo de Ministros.
el resto de países. España también se posicionó en contra de condicionar el 30% de las ayudas a cumplir requisitos ambientales, como pastos permanentes, barbecho ecológico y rotación de cultivos porque debilitará al sector y los hombres y mujeres del campo ya asumen esfuerzos.
Los países ya se posicionan en la negociación y, tal y como se espera, cada uno intenta salvaguardar sus intereses. La mayoría de los Estados pidieron a Dacian Ciolos que simplifique la PAC y dé más flexibilidad para su puesta en marcha. Francia, Alemania e Italia apoyan esta idea.
España encontró “cariño” en Italia. El ministro italiano, Francesco San Romano, dejó claro que Italia rechaza todos los principales elementos de la propuesta comunitaria. Sostuvo que la reforma va en el sentido contrario de la simplificación y de aumentar la competitividad. Además, aseguró que la definición de agricultor activo o el “reverdecimiento” de la PAC son planteamientos “difícilmente aplicables”. De ahí que se mostró “muy desilusionado” por la “rigidez” de la reforma. También Irlanda, Letonia, Grecia y Lituania aportaron argumentos similares a los españoles e italianos para poner en duda que la reforma propuesta tenga en cuenta las necesidades de los agricultores europeos.
con cautela. Francia, Portugal, Austria, Suecia y Alemania valoran la idea de premiar a los productores que hagan esfuerzos ambientales, pero dicen que hay que rebajar el porcentaje. Precisamente, el reequilibrio de las ayudas —supone la eliminación de los derechos históricos y la pérdida de dinero para Jaén— ha tenido el respaldo de países, como Hungría y Francia. Precisamente, sorprende que los galos optaran por esta idea, ya que —junto a España— están entre los Estados más beneficiados. Por otro lado, el Reino Unido y la República Checa se oponen a que un productor pueda cobrar, como máximo, 300.000 euros en subvenciones. Dicen que reducirá la competitividad de las explotaciones agrarias y puede reducir la seguridad alimentaria. Con este primer encuentro, se abre una negociación en la que España parte en una posición difícil.