Enseñar en la pública
Según el INE 2011, residían en el país casi 6,7 millones de personas nacidas fuera de sus fronteras, por encima del 13% de la población. En 1996 tan solo suponían un poco más de un 1% del censo, es decir, en apenas 15 años España ha absorbido una cantidad de inmigración comparable a la de los países con mayor tasa de población foránea, pero con la diferencia de que estos realizaron dicha integración en periodos mucho más dilatados de tiempo.
Este hecho habla en términos muy positivos de la sociedad española porque ha sido capaz de generar los recursos necesarios para atraer a dicha población y además ha sabido acogerla sin graves problemas de exclusión y xenofobia. Indudablemente ha supuesto un reto para los servicios sociales, pero ha sido la enseñanza pública la encargada de llevar a cabo el grueso de la inmensa tarea de integración y homogenización. Hoy en día no es raro encontrarse institutos con más de 40 nacionalidades diferentes, alumnos con enormes dificultades académicas e idiomáticas y complejas realidades sociales o culturales. Es difícil expresar con palabras el esfuerzo y desgaste que ha supuesto para el profesorado afrontar esta realidad a la que hay que sumar una sociedad española cada vez menos comprometida con el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde los docentes deben dedicar gran parte del tiempo a educar en valores básicos antes de plantearse empezar a enseñar. De estas circunstancias han sido, en gran parte, ajenos los centros privados y concertados por eso me parece especialmente injusto cuando se comparan resultados académicos cuestionando de forma velada la labor del profesorado de centros públicos, cuando, además, este sí ha tenido que demostrar su preparación teórico-práctica en unas oposiciones especialmente duras. En este escenario llega la crisis económica y aunque todos parecían tener claro que era imprescindible preservar y privilegiar la educación pública como único ascensor social para el individuo y única vía de progreso para la sociedad, lo cierto y verdad es que el ataque a la enseñanza no puede ser más duro: Despido de miles de profesores (eso sí, contratación de decenas de formadores para dar la importantísima asignatura de cristianismo evangélico), aumento del número de horas y de alumnos por profesor, desaparición de planes de calidad, bilingüismo, informatización, formación, no sustitución de gran parte del profesorado de baja, no respeto a la propia especialidad (profesores de Historia obligados a dar Dibujo), reducción en un 25% de uno de los sueldos más bajos de su categoría. Cuidar la enseñanza pública no debería ser una opción para una sociedad sana, mal vamos cuando ni si quiera es una prioridad.
Javier Morallón es profesor de Biología