“Enorme satisfacción” de la Junta por la elevación al TS de los falsos ERE
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, mostró la “enorme satisfacción” del Gobierno andaluz por la elevación al Tribunal Supremo (TS) del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), asegurando que se pone fin a la “indefensión jurídica y política” en la que se encontraron los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto con los exconsejeros que también fueron preimputados por la juez instructora, Mercedes Alaya.
Así se pronunció el consejero del ramo durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, a petición de PP-A y PSOE-A, para valorar la repercusión en Andalucía de la elevación al Tribunal Supremo del caso de las ayudas sociolaborales y a empresas vinculadas al programa presupuestario 31L, donde insistió en que dicha elevación supone que estas personas, todas ellas aforadas por su condición de diputados o senadores, salgan de ese “inédito limbo jurídico” en el que se encontraban.
Así se pronunció el consejero del ramo durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, a petición de PP-A y PSOE-A, para valorar la repercusión en Andalucía de la elevación al Tribunal Supremo del caso de las ayudas sociolaborales y a empresas vinculadas al programa presupuestario 31L, donde insistió en que dicha elevación supone que estas personas, todas ellas aforadas por su condición de diputados o senadores, salgan de ese “inédito limbo jurídico” en el que se encontraban.
Sánchez Maldonado hizo hincapié durante su intervención en que el momento procesal en el que nos encontramos “dista mucho aún” de la sentencia, pese a que el PP-A “ya la haya dictado”.
Asimismo, insistió en que lo que hay en la actualidad es una sentencia razonada que hace un juzgado y que la eleva para la consideración del competente, “que aún no ha decidido”.
“Ni siquiera se ha llegado a un punto que permita a la Fiscalía y a las acusaciones concretar qué personas han podido incurrir en las distintas responsabilidades y qué sanción se les podría imponer”, añadió. No obstante, Sánchez Maldonado sí reconoció que estamos ante “un avance muy importante que supone que después de un año desde la anunciada preimputación, por fin asistamos a la elevación que permitirá pronunciarse al órgano competente y ver si hay trascendencia penal o no”. Además, dijo que le gustaría que la causa se instruyera de manera “más rápida y diligente”.
Y es que, según subrayó Sánchez Maldonado, “cada día y cada mes que pasa se están generando más oscuridades y más dudas, y eso no es bueno ni para Andalucía ni para los andaluces, desde el más estricto respecto a la Justicia”, una Justicia con la que, según apuntó, el Gobierno andaluz colaboró en todo momento, al ser el “principal interesado” en que se conozca la verdad de lo ocurrido. Sánchez Maldonado, que aseguró que en este Parlamento se substanciaron más de 650 iniciativas sobre este caso, incluyendo una comparecencia del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y una comisión de investigación, consideró que ello es una “prueba evidente” de que el Ejecutivo andaluz no tuvo problema en rendir cuentas y en dar las explicaciones que los ciudadanos demandan. Tras poner de manifiesto que “la enorme complejidad” del caso y la decisión de la instructora de mantenerlo unido ha pudo ocasionar “algunas confusiones” entre la ciudadanía, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo lamentó que hubiera durante este tiempo quien se esmeró “en el engaño y en repetir que todos somos corruptos” es conveniente.