06 dic 2008 / 23:00 H.
Veintisiete años después del cierre definitivo de la Fábrica de Uranio de Andújar, (FUA) todavía hay antiguos trabajadores que no han logrado convencer a la Justicia de lo que, “a priori”, parece la verdad más evidente: que las enfermedades que padecen los que sobreviven se deben a los efectos nocivos sobre su cuerpo debido a su manipulación en el trabajo de determinadas sustancias tóxicas. Llevan años de pesadilla intentando demostrarque sus serias dolencias y los fallecimientos de sus cincuenta y cuatro compañeros se deben a su exposición a radiaciones ionizantes sin protección adecuada, durante los veintidós años de actividad de la fábrica iliturgitana, es decir, que padecen una enfermedad laboral. El matiz es fundamental, porque así pretenden conseguir una mejora en la cuantía de sus pensiones por jubilación. Los empleados que integraban la plantilla, ciento veintiséis en total, llegaron a manipular más de sesenta mil kilos de material radiactivo al año, una cifra elocuente que habla por sí misma. El paso que ahora dan cuarenta y cuatro afectados, en forma de una avalancha de pleitos, supone el tercer intento, después de dos anteriores fallidos. Primero plantearon una querella criminal contra los responsables de la empresa, hace diez años, pero la Justicia estimó que no hubo delito, por lo que acudieron a la vía civil dos años después. Fue un proceso tan arduo como infructuoso, porque finalmente tampoco prosperó la demanda económica de doce millones de euros que reclamaron al Ministerio de Industria por las enfermedades y los fallecimientos. A lo largo de este triste periplo en los tribunales han ido falleciendo muchos de los ex empleados de la FUA, por lo que sus compañeros no piensan rendirse ante la versión oficial de que no hay relación entre las muertes y las enfermedades con la manipulación del material tóxico. La Justicia tiene, de nuevo, la última palabra. Quizás a la tercera vaya, por fin, la vencida.