Empleados de discapacidad llevan diez meses sin cobrar su nómina

Quince trabajadores de Canf-Cocemfe y del Grupo Canf —Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica— denuncian que llevan diez meses sin cobrar su salario. Ahora han comenzado a recibir notificaciones de despido aun cuando la organización ingresa ayudas del Gobierno autonómico.

    09 feb 2013 / 09:57 H.

    Canf-Cocemfe cuenta con una estructura, en Andalucía, de 250 trabajadores para atender los programas de formación, asesoramiento e inserción laboral de personas con discapacidad física. En Jaén son 15 los empleados. Algunas de estas personas llevan más de quince años en su puesto de trabajo y son indefinidos. Su salario, según explica Ana Soto, una de las afectadas, es abonado por la confederación, pero lo remite directamente la Junta de Andalucía con cargo a los programas formativos para discapacidad.
    Soto señala que llevan desde el mes de mayo sin cobrar —los dos últimos ingresos que les han hecho son pequeños porcentajes de la nómina de abril, el último del 35%— y que, hasta el momento, la única explicación que le habían dado los responsables argumentaba el retraso en los reintegros de la Administración autonómica. La empleada asegura que, mientras tanto, todos los trabajadores se han mantenido en su puesto, con el quebranto económico que esto les supone, ya que tienen que pagar aulas matinales, comedores y desplazamientos, “sin ver un duro”. En este punto, Lola Contreras detalla que, a finales del pasado año, comenzaron a llegarles noticias de que el grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental  lleva tiempo investigando a la CANF,  lo que ha  motivado la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla.Remarca que, entre los aspectos que se investiga, está la supuesta existencia de “empleados fantasma” que cobran una nómina sin trabajar y que este dinero, presuntamente, va a parar a la cartilla de directivos de la Confederación. En el ojo de mira de la Policía están los máximos responsables de la organización y parte de su grupo de colaboradores. Entre otras gestiones los agentes investigan, según los trabajadores, el destino de los diez millones de euros que la Junta pagó dentro de los convenios a la CANF y las facturas por otros diez millones de euros que supuestamente costó construir un centro en Sevilla, inaugurado el año pasado, y que, según los técnicos, pudo valer la mitad. Detallan que, recientemente, la Junta le ingresó 1,3 millones de euros para saldar las nóminas y que los empleados solo han recibido el 35% del salario de abril. Por ello, reclaman a la Administración que ingrese en el juzgado el dinero para que se destine, realmente, a saldar esta deuda. Los empleados de Jaén comenzaron, ayer, a recibir burofaxes en los que se les notificaba su despido. Irene Bueno / Jaén