El TSJA decidirá el desalojo de la 'okupa' del cementerio de Baeza

Pueden pasar “meses” hasta que, si llega, haya autorización para desalojar a la joven instalada en el cementerio de Baeza desde mediados del año pasado. Lo aclara la propia “okupa”, Cristina Montes Leiva, tras hablar con la abogada que la representa. Su situación es fruto de la tramitación del proceso abierto, a raíz de la denuncia del Ayuntamiento en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, para obtener la autorización que le permita desalojarla. Esta persona, de veinticinco años, vive en una especie de casa pegada a las lápidas, construida en un lateral del muro del camposanto. La Alcaldía, el pasado 9 de noviembre, dictó un decreto de desahucio. La decisión fue recurrida en primera instancia, lo que evitó cualquier intento de echar a Montes Leiva.
La Justicia, recientemente, le dio la razón a la Administración local, que, sin embargo, tampoco puede intervenir por una nueva apelación. “Tenemos que esperar a que Granada se pronuncie”, confirmó el alcalde baezano, el socialista Leocadio Marín. Se refiere a la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), máxima autoridad de este ámbito en la comunidad. El fallo, en principio, si es definitivo, dará la razón a una u otra parte implicada en este “conflicto” con un importante trasfondo social. La joven hizo del cementerio su casa al mantener una relación con uno de los trabajadores de este recinto municipal. La pareja se rompió y ella, según asegura, no tenía otro sitio donde ir. Asegura que no está sin techo por un capricho; simplemente, porque no tiene dinero para pagárselo. A raíz de que su situación se hiciera pública le llegaron ofertas de empleo, aunque fuera de Baeza y con el sistema de trabajo por alojamiento y comida. Esta fórmula no le convino y, de ahí, se lamenta, que tenga que continuar de “okupa”. Ahora reclama a Servicios Sociales una prestación que le permita buscar una casa cuando la desalojen del cementerio.
Víctima de una dramática realidad
La joven baezana es  protagonista, para su desgracia, de una truculenta historia que terminó con la condena de su padrastro a catorce años por violarla de forma sistemática. En la vista se reconoció que fue un testimonio sobrecogedor. En la adolescencia, como ella misma relató, tuvo que dejar los estudios para cuidar de su madre enferma, algo que —lamenta— le impidió obtener ni tan siquiera el graduado escolar. Ahora, instalada en el cementerio, asegura que no tiene otro techo bajo el que cobijarse ni recursos para proporcionárselo. Agotó una prestación y deja claro que subsiste gracias a la ayuda de ciudadanos y de organizaciones, como Cáritas.
Su vida en el cementerio está marcada por las carencias. No tiene un sitio donde ducharse ni donde lavar los platos, y la instalación eléctrica de la caseta en la que vive es precaria. El Ayuntamiento, aparte de por el hecho de que se haya establecido en un inmueble municipal sin permiso, impulsa el desalojo porque reconoce que se trata de una vivienda que no tiene las condiciones mínimas de habitabilidad. Además, la Administración local considera que este recinto, donde reposan los difuntos, no es el mejor lugar para que una persona deambule a sus anchas.