El TSJA acuerda apartar a Alaya del caso de los ERE
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acuerda por unanimidad proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando el magistrado Álvaro Martín y que se reduzca a una sola comisión el refuerzo de este órgano judicial, lo que implica revocar la comisión de servicio concedida inicialmente a la juez Mercedes Alaya para investigar los ERE fraudulentos y el delito societario de Mercasevilla.
En un comunicado, el Alto Tribunal Andaluz informa de que acordó elevar al CGPJ el informe solicitado respecto a la medida de apoyo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es actualmente María Núñez Bolaños, “en el que se analizan y valoran las circunstancias que se han producido” y donde, tras diversas valoraciones previas, “se acuerda someter a la consideración del CGPJ que la medida de apoyo judicial quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado”, en referencia a al juez Álvaro Martín.
Este magistrado “quedará integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación” de tres macrocausas, como son el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, todo ello “sin perjuicio de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura”. La Sala de Gobierno entiende “conveniente” el plan de refuerzo inicialmente diseñado para el Juzgado, por el que se asignó el caso ERE y el delito societario de Mercasevilla a la juez Alaya, pero considera que el mismo debe variar por “las especiales circunstancias que concurren, determinadas por vicisitudes posteriores al primitivo Acuerdo de 23 de junio”.
La Sala de Gobierno, que remitirá al CGPJ el contenido íntegro del informe para su aprobación, no precisa cuáles son estas “vicisitudes” generadas tras el acuerdo de 23 de junio, por el que el TSJA aprobó un plan de actuación por el que se asignó una comisión de servicio a la juez Mercedes Alaya para que llevara el caso de los ERE irregulares hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división y el delito societario de Mercasevilla, y a la magistrada María Núñez Bolaños la instrucción de las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por la agencia pública IDEA.