El TS permite a España que investigue el caso “Ellacuría”
El Tribunal Supremo estableció la jurisdicción de los tribunales españoles para seguir adelante con la investigación, en la Audiencia Nacional, del asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador a manos de las fuerzas armadas y el FMLM “que asoló” el país centroamericano desde los años 80.
Así, el Supremo señaló que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco debe continuar conociendo los hechos porque, de un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española, además de la salvadoreña, y de otro hay “indicios suficientes” de que el proceso penal desarrollado en su día en dicho país no garantizó la persecución y el castigo efectivo de sus responsables.
tesis del fiscal. La resolución acoge la tesis de la fiscal del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera, quien en un escrito presentado a finales del pasado mes de diciembre señalaba igualmente que faltó imparcialidad en la tramitación de la causa en el país donde sucedieron los hechos.
La decisión del alto tribunal avala la investigación de este asunto pese a la reforma de la justicia universal impulsada primero por el gobierno del PSOE y luego por el de Mariano Rajoy que limita este tipo de investigaciones. Los hechos, ocurridos en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en El Salvador, supusieron la muerte de seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y la hija de ésta. En un auto del que fue ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, el Supremo respondió de esta manera a la exposición razonada que le elevó el juez Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para determinar si procedía continuar la causa abierta en España.
La querella fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, denunciando el asesinato de Ignacio Ellacuría, otros cinco sacerdotes jesuitas, la empleada del hogar Julia Elba y la hija de ésta Celina.* Según la querella, el crimen fue cometido por miembros de un batallón del Ejército salvadoreño siguendo un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército, del que serían responsables el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares. La resolución del alto tribunal analiza la aplicación al caso de la reforma de la justicia universal introducida en la Ley Orgánica del PJ en marzo de 2014.