12 ene 2010 / 19:39 H.
El semestre de presidencia de turno de la Unión Europea ha arrancado con cierta polémica por la mala interpretación, al parecer, de una propuesta del Gobierno español sobre sanciones contra los incumplidores en materia económica, una estrategia que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega desmintió de forma rotunda, a la vez que aclaró que no existen divergencias con Alemania sobre este asunto. La filosofía del Ejecutivo pasa por la necesidad de una mayor coordinación y plantear una Europa más fuerte, una línea de trabajo que comparten todos los países miembros de la UE y en la que hay que sumar esfuerzos conjuntos. A lo largo de estos seis primeros meses del año hay sobre la mesa una serie de reformas económicas importantes, hasta el punto de que se trata de un nuevo plan con vigencia para una década y que debe sustituir al que se aprobó en Lisboa hace diez años. Un documento al que los expertos coinciden en calificar de fracaso porque no tuvo mecanismos efectivos para materializar sus propuestas. Se trata, por tanto, de no caer dos veces en la misma piedra y, en la complicada coyuntura actual por la que se atraviesa, un nuevo paso atrás sería un duro revés a la hora de salir de la crisis. En este sentido, la vicepresidenta recalca que España la línea socialista de que nuestro país saldrá tarde, pero más reforzada que cuando entró, un argumento que desde la oposición se critica por demagógico. La presidencia de España de la UE es, además de una gran responsabilidad, una ocasión única para demostrar la capacidad de trabajo y seriedad de los españoles. Sería deseable una crítica constructiva desde el principal grupo de la oposición y, desde luego, siempre remando en la misma dirección, porque lo que está en juego no es la imagen de un partido, no se trata de una cuestión partidista, sino de todos los ciudadanos españoles ante los Veintisiete.