Es el secretario-interventor de Espelúy, Antonio José Bermejo Chamorro, un funcionario que, hasta el momento, ha permanecido en silencio. Ahora ha decidido romperlo a través del despacho que le representa, Vicente Tovar Abogados, de Granada. Una de sus letradas, Isabel María Gómez, asegura a Diario JAÉN que su representado sufre “acoso laboral”.  

Los hechos se remontan, según relata la abogada —que hace unas dos semanas que lleva el caso— a cuando Antonio José Bermejo observó “la existencia de determinadas irregularidades de carácter económico que podían vulneran la ley”.  Interpuso denuncia al respecto, en noviembre de 2014, y se abrieron diligencias, según la letrada. “Desde ese momento, lo cierto es que el alcalde —Pedro Bruno— empezó a vulnerar sus derechos, las relaciones empezaron a dificultarse, dándose acoso laboral. Se han llevado a cabo numerosas denuncias, incluso por llegar a las manos”, relata Isabel María Gómez. El despacho de abogados granadino, también alerta de que Pedro Bruno niega al secretario-interventor municipal el acceso a determinadas zonas del Ayuntamiento y a informes que necesita para poder continuar con la tramitación de los expedientes.

“Se le impide que tenga acceso a los expedientes y no le deja —en referencia al alcalde— hacer su trabajo”, asevera. En este sentido, recuerda que ya se han interpuesto varias denuncias y que existen unas diligencias previas.

Además, según la letrada, lo ocurrido se ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. En cuanto al trabajo de investigación que realiza el Juzgado, el despacho de abogados granadino denuncia que ya se ha apercibido, en varias ocasiones, al Ayuntamiento para que facilite la labor e, incluso, en la última comunicación —continúa— se le “apercibe de que incurre en desobediencia grave a la autoridad”.

Por otro lado, cabe recordar que la Intervención General del Estado paralizó, hace unos cuatro meses, la transferencia mensual de 5.000 euros al municipio a cargo de la partida de participación de ingresos del Estado (PIE) por no tener presentadas las cuentas generales de los últimos cinco ejercicios, tarea que le corresponde al secretario. Esta decisión de la Administración central conlleva que sean muchos los proveedores de este pequeño municipio de poco más de 700 habitantes que llevan más de un año sin cobrar y que servicios y actividades que se hacían en Espeluy hayan dejado de prestarse por no poder pagarse. Por eso, desde hace dos semanas justas, se turnan para estar encerrados en el Ayuntamiento de Espelúy.