Doce años de esclavitud

Permítanme aprovechar el merecido éxito de la película oscarizada como titular de mi columna, advirtiéndoles que, con ello, no pretendo frivolizar el drama que desarrolla; más bien, comprobar los matices de despotismo y consecuente esclavitud que tienen determinadas decisiones gubernamentales. En 2001, siendo presidente de gobierno Aznar y Cristóbal Montoro ministro de hacienda, se decidió gravar a los ciudadanos con un impuesto a los carburantes, conocido como “céntimo sanitario”, que permitía a las Comunidades Autónomas recaudar fondos para una de sus competencias. El impuesto acaba de ser declarado ilegal por el Tribunal de Justicia Europeo, que advierte que fue “legislado con mala fe” (antes se había pronunciado en contra de uno similar en Austria), y exige que sea devuelto con efectos retroactivos. Salvo los grandes empresarios del transporte o la agricultura, dudo que el ciudadano de a pie guarde facturas para poder recuperar el dinero que injustamente ha pagado en estos años. Salvando las distancias, no deja de ser esclavitud aplicar normas injustas a la ciudanía a sabiendas de su ilegalidad.