El recibo del agua subirá entre un 5 y un 22% a partir del mes de junio

“¿Os habéis duchado? Porque, a partir de ahora, va a haber que pensárselo”. Con esta advertencia recibió, ayer, el concejal socialista José Manuel Colmenero a los periodistas minutos antes de la rueda de prensa que el grupo municipal ofreció para denunciar, una vez más, la subida en el recibo del agua que, si nada lo impide, empezaría a aplicarse en el segundo semestre de este año. Según el socialista, la factura de los ciudadanos subirá entre un 5%, si el consumo de agua en la vivienda es de 19 metros cúbicos, a un 15,51%, si es de 57. Pero advirtió: “También se va a subir la factura a los comerciantes en un 18% y a los industriales, un 22%”. “¡Con la peor tasa de paro conocida en la historia de la ciudad, está Jaén como para que se suba el agua!”, señaló Colmenero, que criticó: “Se sube no porque sea necesario para mejorar instalaciones. El Ayuntamiento hace esto porque Aqualia se lo pide, porque quiere cobrar 601.847 euros más al año”.
Si la oposición comparecía ante los medios a las 10.30 de la mañana, 4 horas más tarde, el CES local emitía su dictamen sobre la revisión tarifaria. En él, se indica que esta subida de precios en el ciclo integral del agua es legal, desde un punto de vista económico, y, además, “no está sometida a la voluntad plenaria del Ayuntamiento”. “Aparece condicionada por el pliego de condiciones” que la coalición que formaron el PSOE e IU suscribió con la empresa concesionaria el 20 de mayo de 2010. “Se pactaba un desmedido incremento de las tarifas, ascendente al 10% para el para el año 2010; del 4,5% para el 2011 y del 4,5%, para el 2012, con efectos nocivos para la ciudadanía que todavía siguen persistentes y latentes”, se lee en un dictamen que, “desde el punto de vista social”, es contrario a la subida.
El consejo de expertos reconoce que el incremento “está acreditado” en que los ingresos previstos por la empresa “son inferiores” a los costes del servicio, pero —en línea con las críticas del PSOE— recalca: “Las conclusiones obtenidas resultan de la lectura del estudio de costes e ingresos presentado por la concesionaria y, por tanto, las cifras contenidas en el mismo no han sido objeto de verificación”. Recuerda, además, que la prestación de un servicio público por una compañía privada “no hace que este pierda su naturaleza y su vocación pública”. E, incapaz de hacer otra cosa, insiste en una petición reiterada a la Corporación: “El impulso efectivo de una oficina de control de los servicios públicos”.
Por su parte, el PSOE pedirá, el lunes, en el pleno, que esta revisión de las tarifas se quede sobre la mesa.