El PSOE y el PP abren la guerra y se manchan con denuncias de corrupción

La campaña electoral por las elecciones europeas ha hecho mella y ha abierto la veda al todo vale. Más de lo esperado. Cuando el principal partido de la oposición se enfrenta en los tribunales al caso Gürtel, la presunta trama corrupta por supuestos delitos de tráfico de influencias y financiación ilegal que afectan a líderes del PP, se ha activado la estrategia del ventilador. Fueron los populares desde Andalucía los que decidieron que la mejor defensa es un buen ataque y eligieron como diana al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves. Su denuncia versa sobre una ayuda de 10 millones de euros concedida en enero por el Gobierno andaluz a la empresa Minas de Aguas Teñidas, donde trabaja la hija del ex presidente, para un proyecto empresarial en Huelva con 96 millones de inversión y 500 empleos. El PP denunció “nepotismo, tráfico de influencias y trato de favor”. Pedirán una comisión de investigación en el Parlamento, han pedido la comparecencia de Chaves en el Congreso y estudian si irán a los tribunales por “varias figuras delictivas” sin concretar. La Junta, que defiende que el expediente de esa ayuda es “inmaculado” y niega ningún tipo de ilegalidad en la subvención achacándolo todo a un montaje, decidió devolver el golpe. El miércoles en el Parlamento el consejero de Innovación, Martín_Soler, señaló la presunta implicación de Javier Arenas en Gürtel y extendió la sombra sobre una empresa eléctrica de su familia en Olvera, que –aseguraron– ha recibido ayudas de la Junta y el Gobierno “siendo Arenas ministro”. El Ejecutivo andaluz aseguró que Arenas está “en el punto de mira de la Unidad de Delitos Económicos”, investigado –señaló Soler– por haber recibido un reloj del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa. Un obsequio valorado en 1.500 euros –Soler se equivocó en el pleno y señaló “250.000 personas”, en vez de pesetas al reseñar su valor–. Todos esos detalles adquieren ahora valor porque Arenas presentará una querella por “imputaciones, injurias y calumnias”. Los socialistas defienden que Soler no afirmó nada y que al consejero le asiste la inmunidad parlamentaria. Ayer la gresca siguió en el Parlamento, aunque los primeros espadas decidieron no salpicarse. Después de que los diputados socialistas y populares se despidieran el miércoles a voces, ayer el hemiciclo amaneció muy caliente. La peor parte de las iras del PP, que se mostró indignado por las acusaciones contra su jefe, se las llevó el consejero de Gobernación y vicesecretario general del PSOE-A, Luis Pizarro. La diputada popular Esperanza Oña aprovechó una pregunta sobre mancomunidades para acusar al socialista de haber “colocado” a su mujer en la Diputación de Cádiz “por la puerta de atrás”. Su trayectoria está llena de “arbitrariedades, favoritismos y prebendas”, le acusó. Pizarro lo negó tajantemente.