El PSOE propone una Oficina contra el Fraude con nuevas medidas de control fiscal
El PSOE va a llevar al Pleno del Congreso del próximo martes un debate sobre la Lucha contra el Fraude Fiscal con idea de crear una oficina especializada y de aprobar nuevas medidas como aumentar la vigencia de los delitos fiscales hasta los diez años (retrasando la prescripción) y limitar a 3.000 euros las transacciones comerciales en efectivo.
El debate coincide con la polémica suscitada por los relevos llevados a cabo al frente de la actual Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que depende de la Agencia Tributaria, cambios criticados desde algunos partidos de la oposición por afectar a los funcionarios que han investigados casos como la trama Gürtel o los contratos del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.
En su proposición no de ley (PNL), los socialistas reclaman la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude "de carácter especializado" desde donde se "combata con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal" y se "prevenga y reprima el blanqueo de capitales". En la misma línea de contribuir a acabar con los delitos fiscales como fórmula para conseguir más ingresos para las arcas del Estado, el PSOE sugiere mejorar los instrumentos legales de intercambio de información entre dicha oficina y los órganos supervisores financieros --Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros--, así como con el resto de instituciones que deben colaborar con la lucha contra el fraude. "Para combatir el fraude se hace precisa una mayor y eficaz coordinación y cooperación entre las inspecciones de Trabajo, Hacienda y la administración de la Seguridad Social. Una cooperación más estrecha entre estas instituciones y la puesta en marcha de planes adecuados de inspección permitirían desarrollar políticas públicas de prevención y corrección más eficaces", alegan en el texto.
DELITO DURANTE MAS TIEMPO
Además, el grupo parlamentario solicita otras medidas legislativas como que se aumente el plazo de prescripción penal hasta los diez años para delitos de fraude fiscal y que se revisen las penas para estos delitos.
También se recomienda reformar los procedimientos judiciales abreviados y urgentes para este tipo de delitos, creando "un procedimiento abreviado especial en el que no se menoscabe el derecho a la defensa pero que permita acortar los dilatados plazos actuales" e implantando "un nuevo procedimiento abreviado para la adjudicación y subasta de los bienes incautados".
Asimismo, se reclama "defender ante los organismos internacionales el aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países". Más información, mañana, en la edición impresa.