El proyecto para regular el polígono industrial no recibe alegación alguna

La regulación del polígono industrial Los Jarales está en vías de solución. Se trata de un proyecto histórico que pretende solucionar un problema que se arrastra desde hace 35 años y desde la Administración local se considera que las largas que se le han dado han sido “por parte de los propietarios y por la dejadez de este Ayuntamiento durante décadas”.
En ese sentido, se plantea la innovación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación inicial se realizó antes de las vacaciones estivales en un pleno extraordinario. “Tras ese paso, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y se abrió un plazo de treinta días por si había alguna alegación, y no ha habido ninguna”, explicó el concejal de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Joaquín Gómez Mena.

03 oct 2014 / 09:58 H.


Ahora, el siguiente paso es esperar que desde la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se emitan los informes. En el caso de que sean favorables, continuar y, en el contrario, corregir lo que demanden, para ir a la aprobación provisional: “La innovación marcha según los plazos que nos planteamos y esperamos que, para antes de que acabe el año, tengamos ya los informes para dar el paso definitivo”. Lo que se pretende, tal y como explicaron desde el área en la reunión mantenida el pasado mes de julio para informar a los empresarios de la zona, es adecuar el polígono como parte del sistema general de la ciudad. Así, se acabará con la situación irregular en la que se encuentran muchas naves, se pondrán en carga nuevos terrenos que permitirán que el polígono industrial se amplíe en un futuro en un quince por ciento, al tiempo que se adaptará al PGOU la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las contribuciones especiales de los empresarios. En este sentido, la innovación, que se diseña para seis meses de trabajo, según explicaron a los propietarios de naves en la zona, conllevará la creación de una junta de compensación a través de la que analizarán la inversión necesaria para la ejecución de la adecuación pendiente, así como una revisión de la financiación de los carriles de servicio sobre los que se establecieron las contribuciones especiales anuladas por el TSJA tras la rehabilitación acometida el pasado 2009 en la zona. La sentencia establece que estos viales son parte del sistema general y, por tanto, su adecuación deberá ser sufragada por la totalidad de los empresarios del polígono y el propio Ayuntamiento. A esta actuación, de unos 2,6 millones de euros, habrá que sumarle la inversión necesaria para las nuevas intervenciones.