El proyecto llamado a transformar la capital sigue en el dique seco

Mucho ha llovido y se ha escrito sobre de quién es la culpa de que el nuevo medio de transporte no acabe de arrancar. El Ayuntamiento de Jaén, gobernado por el Partido Popular, y la Junta de Andalucía, en manos del Partido Socialista, mantienen un pulso que en poco o en nada beneficia a una ciudad que ve con escepticismo el futuro de un proyecto en el que se han invertido más de cien millones de euros y por el que suspiran otras capitales de Andalucía y del resto del Estado. Lo cierto es que el paso del tiempo corre en contra del tranvía. Los informes técnicos advierten de que el deterioro en los sistemas es cada vez mayor y avisan de que sacarlo de nuevo a la calle tendrá un elevado coste.  
 
1.- fuerte inversión

Un proyecto para el Jaén del siglo XXI

El tranvía es, sin mayor género de dudas, la mayor infraestructura pública que se ha acometido en Jaén en las últimas décadas. Los datos cantan por sí solos: Más de cien millones de euros de inversión y 4,7 kilómetros de trazado ejecutados en un tiempo récord, veinte meses.
La primera vez que los jiennenses escucharon hablar del tranvía fue en marzo de 2007. Era precampaña electoral. La candidata del PSOE a la Alcaldía, Carmen Peñalver, presentó en sociedad un proyecto llamado a transformar y modernizar el centro y el norte de la ciudad. Solo nueve meses después, Carmen Peñalver, ya como alcaldesa, y la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, firmaban el convenio de colaboración para la construcción del tranvía. Comenzaba, de este modo, la cuenta atrás de un sueño que se haría realidad el 14 de abril de 2009. Ese día comenzaban oficialmente las obras. La Junta tenía veinte meses por delante para acabarlas. No había tiempo que perder.
Las máquinas trabajaron a destajo. Más de novecientos operarios, de varias empresas diferentes, se dejaron literalmente la piel para que la intervención estuviera perfectamente acabada en el plazo fijado. En diciembre de 2010, las primeras unidades del tren urbano, fabricado por Alstom en detrimento de CAF-Santana, circulaban por los raíles en dirección a las naves de talleres y cocheras de Vaciacostales. El Gobierno andaluz había cumplido con su parte del acuerdo y era el turno del Ayuntamiento. Tras cinco meses de ajustes, el tranvía, por fin, se dejaba ver por las calles de la capital, eso sí en periodo de pruebas. Lo hizo en medio de una enorme presión. El Partido Popular mostró su versión más dura con una oposición férrea a todo lo relacionado con el tranvía. Trató a toda costa de detener su avance. Se abrazó a los árboles, interpuso recursos y protagonizó numerosas acciones de protesta, pero fue la empresa de autobuses urbanos, Castillo, la que consiguió, en plena campaña electoral, detener el proyecto bandera de los socialistas en la capital.
“Será la tumba política de la coalición de perdedores que representan PSOE e IU”. Las palabras del portavoz municipal del PP, Miguel Ángel García Anguita, fueron proféticas. El 22 de mayo, los populares conseguían en las urnas una aplastante victoria que dejaba al tranvía varado a su suerte.     

2.- purgas políticas

Elemento de lucha entre administraciones

El tranvía se ha convertido en elemento de confrontación para el Partido Popular y el Partido Socialista. No ha habido día en el que el tren urbano no haya estado presente en el discurso de José Enrique Fernández de Moya como arma arrojadiza contra su enemigo público número uno, la Junta de Andalucía. La primera fricción se produjo a cuenta de la recepción de las obras. El Ayuntamiento se negó en rotundo a aceptar una infraestructura que, en opinión de los técnicos municipales, no era suya. El Ejecutivo andaluz trató de desmontar, durante todo el verano, la “endeble” excusa del alcalde con papeles y más papeles, en los que, según el delegado de Obras Públicas, Rafael Valdivielso, quedaba claro que la infraestructura era propiedad del Ayuntamiento desde abril. José Enrique Fernández de Moya buscó entonces otra línea argumental. Echó mano de la calculadora para demostrar que el sistema tranviario es una “ruina” para las esquilmadas arcas municipales.
Según sus cálculos, el tranvía genera un déficit anual de seis millones de euros, además de los 1,7 millones que debe pagar por el arrendamiento de los cinco vagones. “Unas cantidades que el Ayuntamiento no puede asumir bajo ningún concepto. Y lo que no vamos a hacer es subir los impuestos y eliminar servicios básicos para pagar el capricho de Peñalver”, espetó Fernández de Moya, quien no tardó en llamar a la puerta del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para, desde la “lealtad institucional”, implicar al Ejecutivo autonómico en la cofinanciación del nuevo transporte, como, a su juicio, ha ocurrido en otras ciudades, como Málaga o Granada. El 5 de julio, la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, lo recibió en Sevilla para confirmarle que su propuesta era inviable y que debía de asumir con “responsabilidad” cada uno de los convenios suscritos por su predecesora. Las únicas cesiones que hizo fueron ampliar los plazos para pagar los cinco trenes, pasando de los diecisiete años iniciales a treinta, y crear una comisión técnica para desbloquear el conflicto. Ante esta situación, el Gobierno municipal puso al tranvía en el mercado con la esperanza de que la iniciativa privada se involucrara en el proyecto. Comenzaron los contactos con Gea 21, la empresa que llevó el peso de las obras del sistema tranviario; Alsa, con experiencia en este tipo de concesiones, y las compañías de autobuses de la provincia, sin que, hasta el momento, se haya producido avance alguno en el deseo de José Enrique Fernández de Moya de crear una macroconcesión mixta que reduzca la aportación municipal. Un tren al que ya no se sube la empresa Castillo, que no está dispuesta a ir de mera comparsa en la explotación del sistema tranviario. Mientras tanto, las facturas por el alquiler de los vagones y por la dirección de obra se amontonan en el despacho del concejal de Hacienda, Miguel Contreras. A lo que hay que sumar dos problemas más, el mantenimiento de las zonas ajardinadas del trazado y el medio centenar de aspirantes a conductor y controlador de puesto que esperan la llamada del equipo de Gobierno para reanudar las pruebas, concluir su formación, y firmar los contratos de trabajo que los unan al tranvía. 

3.- soluciones y futuro

Condenado a entrar en funcionamiento

El tren urbano de Jaén está condenado a entrar en funcionamiento. El alcalde lo tiene ya interiorizado y, por eso, ha pasado del discurso más exacerbado a la moderación. Su estrategia pasa ahora por convencer a la Junta para que amplíe el plazo de arrendamiento de los vagones de diecisiete años a cuarenta, lo que reduce la cuota anual casi un tercio, y una carencia de cinco años. Con esta condición, el equipo de Gobierno cree que sería más fácil la entrada de capital privado en la macroconcesión, ya que las empresas no tendrían que soportar, en el primer lustro de servicio, la pesada losa que supone añadir a la cuenta de resultados un déficit de seiscientos cincuenta mil euros por el pago de los vagones. El Ayuntamiento no se quedaría en este acuerdo, puesto que su intención es exprimir al máximo cualquier vía que permita reducir todo lo posible los costes del tren.            
Otro de los factores que, en teoría, juegan a favor del regidor es la posible entrada del Partido Popular en el Gobierno de Andalucía. José Enrique Fernández de Moya ha reconocido que con Javier Arenas en la Casa Rosa todo sería más fácil. Una colaboración que el propio Arenas da por descontada, como así se lo hizo saber en la última visita del líder de los populares a la capital. “No habrá ninguna discriminación, ni en financiación, ni en viabilidad hacia el tranvía de Jaén”, subrayó el candidato del PP a la Presidencia de la Junta.    
Además, la calle empieza a cansarse de la situación de desamparo en la que se encuentra el sistema tranviario, con las zonas verdes completamente abandonadas y el resto de infraestructuras deterioradas por la inactividad. “Lo que tiene que hacer es ponerlo ya en marcha y cumplir con su responsabilidad como alcalde”, le espetó en el último pleno el concejal socialista Manuel López.