El PP sube el agua "por obligación"

No hubo novedad en el frente. La tragedia estaba escrita y las posturas de los portavoces municipales a la subida del agua eran claras. Se habían faseado en los medios como en un ensayo previo a la representación que fue el pleno ordinario de ayer. Como un designio de los dioses, el concejal de Hacienda, Miguel Contreras, consideró inevitable la revisión tarifaria: "Hay obligaciones que vienen impuestas, aunque no gusten". Aludía al convenio que el PSOE e IU suscribieron con Aqualia el 20 de mayo de 2010. "[En él] se pactaba un desmedido incremento de las tarifas [...] con efectos nocivos para la ciudadanía que todavía siguen persistentes y latentes", recordó el Consejo Económico y Social (CES) local en su dictamen.

Tomándolo como base, el concejal reprochó a la oposición aquel acuerdo, pero defendió la negociación que ha mantenido el equipo de Gobierno con la empresa: "Hemos conseguido que el precio unitario del metro cúbico en 2013 se mantenga en 2014; vamos a modificar los bloques de facturación, pero no la tarifa, acomodándolo a lo que se hace en el resto de consorcios; se beneficiará a las familias en las que haya 5 o más miembros y se creará un fondo social con 7.000 euros que gestionarán Aqualia y el Patronato de Asuntos Sociales para ayudar a las familias sin recursos". También intentó descargar responsabilidades sobre el canon autonómico de la Junta, pero no solo no convenció a los que tenían que darle la réplica. La oposición también recurrió a los 47 folios del informe del CES local para rechazar una subida del agua que oscilará entre el 5 y el 15,51%, en el caso de los ciudadanos; un 18%, en el de los comerciantes, y hasta un 22%, en el de los industriales.

"Es una subida no lineal, discriminatoria y de difícil justificación, que supera [el valor] del IPC", denunció la edil de IU, Isabel Mateos. La misma senda siguió el socialista José Manuel Colmenero. Recalcó que, con esta medida, el Ayuntamiento "regala 600.000 euros más al año a Aqualia" e insistió en la exigencia del CES local para extremar el control a las empresas concesionarias. Recordando lo que está ocurriendo con FCC, al no existir contrato con la Administración local, espetó al PP: "Ustedes están en manos de las concesionarias y los ciudadanos solo pagan más impuestos y sufren las consecuencias de este desgobierno". Sin embargo, en un fuego cruzado de reproches, el edil de Hacienda le echó en cara la gestión de su partido en el anterior mandato. Al margen de un "y tú más" que era tan previsible como la aprobación de la revisión tarifaria, la novedad fueron las enmiendas de la oposición. Como ya lo había adelantado, el PSOE pidió que el punto se quedara sobre la mesa y los bloques tal y como están. También lo solicitó IU, que fue más allá. Sobre la premisa de que el agua es un "bien común", Mateos reclamó al equipo de Gobierno la "valentía de no tarifar los 40 litros por persona y día que suponen al trimestre 3,6 metros cúbicos", y la ampliación del tramo "a partir del segundo miembro de la familia" y no del quinto. No hubo sorpresas cuando el PP rechazó las dos enmiendas.