El PP presenta 42 enmiendas al decreto del sector público
El PP-A ha registrado un total de 42 enmiendas al proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz que se está tramitando en el Parlamento, entre las que se incluye la derogación de los decretos, el del 27 de julio y el del 23 de noviembre de 2010, que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno,
para que así se pueda comenzar 'de cero' y buscar el consenso con todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha explicado en rueda de prensa que las enmiendas de su partido (24 de supresión, 12 de adición y seis de modificación) son "constructivas" y plantean claramente la alternativa del grupo popular en relación con este asunto, que no se ha podido abordar de "peor" manera por parte del Ejecutivo.
Los dos decretos cuya derogación demandan, según Sanz, han sido un "cúmulo y un serial de despropósitos", y lo que "mal empezó, mal sigue" porque el PSOE, en lugar de buscar el consenso se ha dedicado a "insultar" a los funcionarios que han protestado, llamándolos fascistas o comparándolos con Batasuna.
Ha insistido en que el decreto que se tramita como proyecto de ley en el Parlamento está hecho "con los pies" y si no hay una rectificación o se da marcha atrás, a la Junta le van a "llover los recursos". El conjunto de las enmiendas del PP-A, según ha apuntando Sanz, constituyen una "enmienda a la totalidad al texto". Para el PP-A, la reordenación aprobada por el Consejo de Gobierno no sólo no va a suponer una minoración sustancial del gasto del sector público, sino que "se puede estar lesionando de forma irreversible nuestro ordenamiento constitucional al conculcarse principios y derechos fundamentales, como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público consagrado en nuestra Constitución o el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto en su origen sin la preceptiva negociación".
A su juicio, estamos ante un modelo de reordenación "equivocado, que en esencia es conflictivo, que no tiene precedentes en otras comunidades ni tampoco en las reordenaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado, donde expresamente se ha desautorizado la creación de ninguna nueva Agencia estatal", al tiempo que entra en "clara contradicción" con las propias medidas aprobadas por el Gobierno central para reducir el déficit. En relación con las enmiendas de supresión, Sanz ha explicado que se plantea la supresión de todas las secciones donde se crean ocho agencias. El PP-A plantea suprimir los aspectos que permiten el ejercicio de potestades públicas a titulares de órganos directivos no siendo funcionario ni autoridad pública, así como los que otorgan mayor potestad al Consejo de Gobierno en detrimento del control parlamentario. Asimismo, se pide suprimir todo contenido que busca una "deslegalización en toda regla para modificar y refundir agencias", supuestos en los que se requiere ley formal.
El PP-A considera