El PP pregunta cuántas tarjetas tiene la Junta
El portavoz de Economía del PP en el Parlamento de Andalucía, Rafael Carmona,insta a la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, a que “se aplique el cuento” tras la presentación este sábado por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del nuevo código ético para cargos de su partido, y que explique “cuántas tarjetas de crédito hay en el Gobierno andaluz”.
Carmona, en rueda de prensa, señaló que parece que Sánchez “le está planteando una moción de censura a Díaz”: “La Junta no es meritocrática ni abierta, las políticas que se ponen en marcha no se evalúan y tiene que ser al cabo de diez años cuando se hace una revisión de las políticas de apoyo industrial, conocidas como los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos”, añadió.
Y es que, según el dirigente popular, en el nuevo código ético, el secretario general de los socialistas plantea cuestiones como que se debe garantizar un Gobierno abierto, que rinda cuentas, que fomente la participación y colaboración ciudadana, que promueva una administración imparcial y meritocrática y que evalúe sus políticas y programas en busca de una mejora permanente. Es por ello que afirma: “Sánchez se podría sentar con nosotros en los bancos de la oposición de Díaz porque le está planteando una moción de censura al Gobierno andaluz por su ineficacia y falta de transparencia” explicó.
En este sentido, Rafael Carmona destacó el discurso “llamativo” de la jefa del Ejecutivo autonómico, en el que decía que “con un click íbamos a saber todo lo que se hace en la Junta”, si bien “no logramos conocer la realidad en torno a las tarjetas de créditos usadas en el Gobierno andaluz”. El PP-A quiere saber “cuántas tarjetas tienen en la Junta, quiénes son los que las usan y con qué motivos las utilizan”. “Es algo que venimos preguntándolo desde la anterior legislatura. Es importante saber si el que gasta con una tarjeta tiene autorización de la Intervención General de la Junta de Andalucía y si, además, se justifican ‘a posteriori’ los gastos”, agregó.
Carmona explicó que el control del gasto público se hace mediante una fiscalización previa que realiza el interventor general, así como mediante un control con la técnica de la auditoría que se hace después. “Con estos procesos solo nos enteramos a posteriori”, concluyó.