El PP airea que 51 municipios y 21 pedanías no depuran sus aguas
Los populares pretenden abrir el debate sobre una carencia de la provincia en la que, denuncian, 51 municipios y 21 pedanías no cuentan con depuradora de aguas residuales. Reclaman a la Junta que acometa estos proyectos, para los que recauda fondos mediante un canon. Europa obliga a que las estaciones funcionen en 2015.
No es extraño que cuestiones que competen a otras administraciones se debatan en el salón de plenos de la Diputación Provincial. Es lo que está previsto que ocurra hoy con la construcción de depuradoras. Los populares denunciaron, ayer, que las aguas residuales se vierten a los ríos y arroyos sin purificar en más de la mitad de los pueblos y ciudades jienennses. La portavoz del grupo, María del Mar Dávila, informó ayer de que 51 municipios y 21 pedanías no tienen estación depuradora. Además, fue más lejos y aclaró que se da el caso de que existe el equipamiento y no funciona. La cuestión llegará a la Corporación Provincial en forma de moción, una iniciativa en la que se instará a la Junta a que ejecute las obras que sean necesarias para terminar con este déficit. De no hacerlo, además, se incumplirán las directivas medioambientales de la Unión Europea. En ciudades, como Úbeda, que no cuenta con este equipamiento, el Partido Andalucista llevó los hechos ante la Justicia y alertó a la Fiscalía de un supuesto delito contra la naturaleza. El PP explicó ayer que el alcalde de la ciudad, el popular José Robles, “estudia” acudir a los tribunales.
Los hechos, en opinión de esta fuerza, pueden ser graves ya que, el Gobierno andaluz, en la Ley de Aguas, incluye un canon en concepto de depuración, común en toda la comunidad, con el objetivo de recaudar 1.765 millones de euros. Esta suma se tendrá que invertir en ejecutar estos centros de tratamiento, actualmente, inexistentes. Bruselas establece que, antes del 1 de enero de 2015, estas infraestructuras tienen que estar en marcha. El incumplimiento de una normativa comunitaria puede acarrear, incluso, sanciones para el Estado infractor. Por el momento, los ayuntamientos, tal y como explicó el diputado Agustín Moral, tienen que hacer frente a sanciones económicas, año tras año, por no depurar las aguas que vierten a arroyos o ríos. Se trata de cantidades que rondan los 6.000 euros, que llegan a presupuestarse de un ejercicio para otro, aclaró el representante del PP de la Administración provincial. Como ejemplo, Agustín Moral, que fue alcalde de Villatorres, aclaró que en este municipio la multa económica es doble, con unos 13.000 euros de sanción entre Villargordo y Torrequebradilla. Este periódico trató, sin éxito, de conocer la versión de la Junta sobre la denuncia. En cuanto a los socialistas de la Diputación, su postura se conocerá antes de que comience la sesión plenaria de hoy.
José Rodríguez Cámara /Jaén