El pleno solicita más tiempo para amortizar el pago a proveedores
El Ayuntamiento de La Carolina aprobó en su última sesión plenaria una moción para instar al Ministerio de Hacienda a que facilite las condiciones establecidas en el plan de pago a proveedores, en lo que se refiere a la ampliación del plazo de amortización, así como la reducción del tipo de interés.
El primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Santiago Adán, resaltó la relevancia del plan del Gobierno central, que permitió pagar 4.065 facturas por un montante superior a 9 millones de euros a 365 proveedores, lo que a su vez propició el mantenimiento del empleo e incluso, gracias a la liquidez, acometer nuevas inversiones dentro de la actividad empresarial. Adán aludió, asimismo, a la incongruencia socialista al ausentarse del pleno antes del debate de un punto de máximo interés para la ciudad, el referente al plan de pago, del que se benefició también la Junta de Andalucía. Apuntó que al equipo de Gobierno popular no le arredra solicitar al Gobierno de España medidas favorables para los carolinenses, y reprochó que el PSOE no haga lo propio con las administraciones en las que gobierna.
El edil de Hacienda aclaró que, si el Gobierno acepta la propuesta relativa a facilitar las condiciones establecidas en el préstamo vigente del plan de pago, el Ayuntamiento dispondrá para este mismo año de fondos que se invertirán en intervenciones que beneficiarán a los carolinenses.
Por otra parte, al término de este pleno celebrado por la Corporación Municipal el viernes 28 de marzo un grupo de personas, vinculadas a Izquierda Unida y al Sindicato Andaluz de Trabajadores, que asistían a la sesión plenaria, esparció por el suelo de moqueta del salón de sesiones varios panfletos, según fuentes municipales. En las octavillas se incluyeron frases como "Mantén a tu pueblo limpio de políticos basura" y "Gallarín dimisión". Al respecto, el portavoz del grupo popular, Cristóbal Pérez, expuso que este hecho "aclara el escaso respeto que estos grupos de izquierda tienen por las instituciones democráticas y por la limpieza en sí de la ciudad". La protesta fue consecuencia de la privatización llevada a cabo por el Gobierno local en el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes y de prestación de servicios para la limpieza de edificios y dependencias públicas, adjudicado a la empresa Recolte, cuya sede central está en Portugal. El Ayuntamiento afirmó que las arcas municipales y, por tanto, todos los carolinenses se ahorrarán 661.704 euros anuales respecto a la anterior empresa concesionaria de estos servicios.