El pleno pedirá que se regule por ley el derecho a la vivienda

En lo que se refiere a la primera cuestión, se trata de una moción que, aunque planteada por el grupo municipal de IU, surgió por iniciativa conjunta de dicha formación, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Asociación de Consumidores Facua y el ciudadano linarense David Cabezas. El portavoz de la coalición de izquierdas, Sebastián Martínez, aludió, durante su intervención, a la “necesidad” de que se proteja a los afectados por un desahucio, pues la situación vivida por muchas familias cuando pierden su hogar es “insostenible”. Entre los principales acuerdos de la moción, destacaron la creación de una oficina municipal de intermediación hipotecaria, que la Policía Local y los Bomberos no actúen ni participen activamente en una situación de desahucio y que se inste el Gobierno de la Nación a regular, por ley, el derecho a la vivienda y a plantear medidas que lo favorezcan.

Así, los diferentes grupos políticos de la Corporación dieron su visto bueno al contenido de la moción, aunque con matices. Cilus, Ciudadanos y el PP coincidieron en que el acuerdo de que el Ayuntamiento limite la intervención de los agentes policiales y de Bomberos ante un embargo podría suponer el incumplimiento de la ley y situaciones de desacato, ya que la ejecución de un desahucio procede de un mandato judicial. Por otro lado, la creación de una oficina municipal de intermediación puede traer una “duplicidad de competencias”, según PP y PSOE, puesto que ya existe una de este tipo en el ámbito provincial. También se dijo que poner en marcha este nuevo órgano supondría “incrementar los gastos de la Administración”. Finalmente, la propuesta se aprobó con la retirada del acuerdo que hace referencia a Policía Local y Bomberos y la suspensión del punto que alude a la oficina de intermediación, hasta que se obtenga un informe que dictamine si, realmente, se produce una doble competencia.

En tiempo de ruegos y preguntas, el portavoz de Facua-Jaén, Felipe Serrano, reiteró la importancia de la creación de la oficina, que desde IU defendieron porque, gracias a ella, “se daría respuesta a este problema para tratar de que las personas afectadas conserven su vivienda o bien se les dé una alternativa efectiva”.

Escuela de idiomas. El Partido Popular llevó al pleno su moción para dotar la Escuela de Idiomas Carlota Remfry de un “espacio exclusivo” que otorgue más operatividad a la institución y mejore la calidad de la misma. Según indicó la portavoz del grupo, Ángeles Isac, se trata de “una reivindicación histórica”, ya que la academia atraviesa una “grave situación” al tener que compartir sede con el instituto Cástulo. “El traslado propiciaría que se impartieran más turnos y, por lo tanto, aumentara el nivel de admisión de alumnos, ya que cada vez son más las personas que se forman en idiomas por necesidad laboral”, indicó. Juan Carlos Trujillo, concejal de Ciudadanos, indicó que el “problema real” de la escuela es la “falta de financiación”, que es otorgada por la Junta de Andalucía.

“Con los pocos recursos que tienen no van a poder costear los gastos más básicos de una sede exclusiva, por eso sería mejor pedirle a la Delegación de Educación más financiación para las escuelas de idiomas”, apuntó. Por su parte, la concejal de Educación, Macarena García, recordó que, en los últimos años, desde el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento se plantearon “distintas ubicaciones para albergar la escuela, sin embargo, fueron rechazadas por la directiva de entonces”. Al mismo tiempo, la edil apuntó que “el Ayuntamiento, a día de hoy, no dispone de ningún edificio propio”, pero mantuvo su compromiso de “seguir siendo interlocutores en este problema”. La moción del PP salió adelante con la modificación de la “exclusividad del uso” de la sede y la petición de “más fondos necesarios”.

La partida destinada a los grupos municipales se reduce 45.000 euros

El orden del día trajo consigo la aprobación de una serie de puntos referidos a obras que no se podían legalizar, así como otros de carácter económico y administrativo. En ese sentido, destacó la reducción de las subvenciones a los grupos políticos, que pasó de 185.000 euros a 140.00, para la actual legislatura. Cilus se abstuvo en la votación por considerar “insuficiente” esta reducción, ya que su deseo era otorgar más fondos para el impulso de un plan de empleo local que luchara contra el paro. El pleno también aprobó el expediente de extinción del contrato de gestión de servicio público educativo de las escuelas infantiles municipales, de tal manera que procederá al inicio de un nuevo contrato mediante la salida de un concurso público. Por otro lado, la Corporación dio su visto bueno a la creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Linares, que permitirá realizar una serie de trámites administrativos por vía telemática. Algo que va en línea con la moción presentada por Ciudadanos referente a la creación de una ventanilla única para iniciativas empresariales, considerada “innecesaria” por el equipo de Gobierno al existir ya mecanismos similares, como el Centro de Innovación Empresarial. El PSOE e IU también rechazaron una moción del PP sobre la celebración de un certamen agroganadero.