El PGOU de Castillo 'legalizará' las casas del río San Juan

El censo de casas diseminadas en el término municipal de Castillo de Locubín “ronda las mil”. Puede parecer excesivo, pero, según el alcalde, José Justo Álvarez Tinaut (PP), esta dispersión responde a la idiosincrasia y a la historia misma del municipio: a su ligazón a la tierra y a la huerta. “Son explotaciones agrícolas de toda la vida. Hay un montón de viviendas construidas y la mayoría han sido rehabilitaciones sobre reformas seculares”, esgrime el munícipe. Sin embargo, en más de una ocasión, esta “tradición” ha rayado en la infracción y en problemas con la Justicia por la ordenación del territorio urbano. Y eso es, precisamente, lo que ahora quiere “cortar de raíz” la Corporación Municipal con la reciente aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, aunque sostiene Álvarez Tinaut: “Nuestra intención no es quitar responsabilidades a nadie. Es poner racionalidad en la ordenación urbanística de una población como la nuestra”.
Para ello, en primer lugar, la huerta y los accesos a la vega dejarán de ser suelo rústico y se convertirán en “hábitat rural diseminado”. “De esta forma —indica Álvarez Tinaut—, pretendemos preservar la historia de este pueblo y su vínculo con el río San Juan, pero dar también libertad a la gente para que pueda desarrollarse”. Esta medida permitirá “legalizar” —según las estimaciones del alcalde— entre “80 y 100 viviendas” próximas al río. No obstante, en ese intento por preservar las huertas y evitar su segregación, el nuevo plan prohíbe segregar las parcelas, además de que la protección hídrica de la vega se mantiene en función de lo establecido por la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía.  
Pero no es todo. El Gobierno local también pone orden y concierto en las viviendas construidas en el perímetro del núcleo urbano —hasta ahora considerado como suelo rústico— y cataloga la zona como suelo urbano consolidado. “Son casas que están totalmente pegadas al pueblo y, por los desarrollos anteriores, tienen todos los servicios”, afirma Álvarez Tinaut. En la actualidad, el PGOU está en periodo de exposición pública. Una vez transcurrido el plazo preceptivo, el pleno deberá ratificarlo y, de ahí, pasará a la Junta, que tendrá la última palabra. Nuria López Priego/Jaén