El pensionazo de Rajoy

La propuesta final del comité de expertos, conocida el pasado día 7 de junio, gira en torno a dos ejes o dos formulas complementarias para determinar la revisión de la pensión: un primer eje llamado Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), por el que se vinculan las pensiones a la esperanza de vida en el momento de la jubilación (a mayor esperanza de vida, menor pensión), así como suena, sin anestesia ni   —“na”—. Y un segundo eje denominado Factor de Revalorización Anual (FRA), que no contempla la actualización de las pensiones según la evolución del IPC, sino según la relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Mi valoración crítica del trabajo de los expertos, la expongo en las siguientes líneas, al mismo tiempo que cuestiona la independencia de los mismos y, sobre todo, la posible inconstitucionalidad de sus recomendaciones. Dado que, según recoge el propio informe, la esperanza de vida aumentará en los próximos años, la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) provocará rebajas en las pensiones futuras, tanto mayores cuanto más nos alejemos de 2014, año tomado como referencia por el grupo de expertos. Así, por ejemplo, el informe apunta rebajas del 10% para las pensiones de 2030, o del 15% para las que causen en el año 2040. Y por lo que al Factor de Revalorización (FRA) respecta, hay que señalar que, dado que la relación entre ingresos actuales del sistema y gastos del mismo es claramente negativa, lejos de estar ante un factor de revalorización, estamos ante un factor de devaluación de la pensión, cuyos efectos comenzaremos a sentir los pensionistas desde el instante mismo de entrada en vigor de la reforma que quiere imponer el Gobierno de la derecha del señor Rajoy. Por lo tanto, cuando los expertos hablan de sostenibilidad de la Seguridad Social, tenemos que traducir por rebaja generalizada de las pensiones. Que no nos vengan con milongas disfrazadas o maquilladas. En mi opinión, el informe del comité de los llamados expertos está fuertemente sesgado ya que solo habla de ajustar los gastos a los ingresos esperados, por lo que la receta en tiempos de crisis pasa siempre por recortes y rebaja de las pensiones. Los expertos no contemplan una subida del sistema, por ejemplo, transfiriendo recursos financieros de los presupuestos generales del Estado (como ya se hace en algunos países europeos), ni tampoco proponen una utilización activa del fondo de reserva de la Seguridad Social. E ignoran, asimismo, la importancia que tienen los salarios dignos como requisito para aumentar la base de cotización de los trabajadores en activo con la que se van a pagar las pensiones de jubilación. Y, no sin malicia, la única vez que el informe acude a la Constitución Española es para recordarnos la vigencia del artículo 135 (reformado en apenas 15 días con el consentimiento de los dos principales partidos) según el cual todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Con relación de los expertos seleccionados por el Gobierno para la realización del informe, no pongo en duda la valía académica y profesional de la mayoría de ellos. Pero sí es cuestionable la independencia de alguno de ellos. Quiero decir que el presidente de la comisión de expertos es colaborador habitual de Unespa (la patronal de las aseguradoras, con claros intereses en los planes de pensiones privados) otro es el subdirector del servicio de estudios del BBVA, que si otro de los expertos es el subdirector de Fedea. Y se puede seguir mirando en google para saber de qué pie cojean cada uno de ellos.
Y por último, al analizar las conclusiones del grupo de expertos nombrado por el Gobierno, convendría recordar el artículo 50 de la todavía vigente Constitución española que otorga a los poderes públicos la facultad de garantizar “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia economía a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las propuestas de los expertos están lejos de asegurar la actualización automática de las pensiones, por lo que cualquier reforma que eluda esta circunstancia, en mi opinión, podría ser declarada inconstitucional.
José Luis Negrillo Fuentes