30 ene 2009 / 23:00 H.
El Tribunal Supremo ha deliberado durante veinte horas de debate para llegar la conclusión de lo que ya parecía evidente para muchos, que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no vulnera el derecho a la formación religiosa del alumno. Esta premisa jurídica rebate la sentencia del Alto Tribunal andaluz de hace un año que, como se sabe, avaló a las familias que entendían que la nueva materia se entrometía en la formación moral de sus hijos. Ahora, el Supremo no admite el argumento, por lo que tampoco existe el derecho a objetar. El fondo de la cuestión, lejos de criterios éticos o de otro tipo, es que la educación se utiliza como arma arrojadiza en la esfera política, con todo lo que ello entraña de perjudicial para el propio estudiante en sí. Se ha puesto de manifiesto claramente durante los dos cursos en los que ya se imparte y ha quedado demostrado que los propios jóvenes viven de espaldas a la polémica. No se entiende, a priori, que formar hombres y mujeres comprometidos con la sociedad en la que viven, informados y pendientes de cuestiones como el medio ambiente, la solidaridad, el terrorismo o los derechos constitucionales, suponga un perjuicio en su educación, sino todo lo contrario. El fin es preparar a buenos ciudadanos para el futuro. El problema de la asignatura no es tanto el libro en sí, la materia, porque se circunscribe a valores y principios elementales de una sociedad democrática, sino el uso o la interpretación que unos partidos políticos y otros hacen de lo mismo. Familias de objetores han manifestado ya que continuarán en su lucha hasta el Tribunal Constitucional y, si es preciso, el de Estrasburgo, porque sostienen que la objeción de conciencia es el último recurso frente a lo que entienden como un adoctrinamiento impuesto. En contra de lo que pueda parecer, pues, la Justicia no ha dicho aún la última palabra.