El Parlamento convalida el decreto-ley sobre el nuevo Proteja

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, manifestó  ante el Pleno que gracias al compromiso de todos los alcaldes  andaluces, el primer Proteja ha sido todo un "éxito" y confió en que  ocurra lo mismo con el nuevo. Señaló que a pesar de que hay claros  indicios de recuperación económica, el crecimiento de la economía no  es suficiente para absorber el empleo perdido, lo que justifica la  nueva edición del Proteja. Pizarro rechazó las críticas del PP,  recordándole que "en Andalucía las cosas se hacen seriamente, con  responsabilidad y cumpliendo los objetivos".

Recordó que, en su primera edición, que concluye el próximo 30 de  junio, el Proteja ha apoyado 2.036 proyectos, de los cuales se  encuentran ejecutados o en ejecución un 98,3%. Estas actuaciones han  generado 18.800 empleos directos, frente a los 14.943 previstos  inicialmente, lo que supone un incremento del 25,8%. 

De acuerdo con el decreto-ley convalidado, como principal novedad,  el Proteja, que desde 2009 financia iniciativas para activar las  economías locales, extiende ahora su ámbito de actuación para incluir  no sólo contratos de obras sino también de servicios. La nueva  edición amplía así el perfil de los beneficiarios, anteriormente  centrado en el sector de la construcción, y da también prioridad a  las necesidades de empleo de las mujeres y de los colectivos con  especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

Del presupuesto total previsto, 205 millones se destinan a las  entidades locales (181 para los ayuntamientos y 24 para las  diputaciones provinciales) y los 20 restantes a la formación de las  personas contratadas. El nuevo Proteja primará los proyectos  dirigidos a paliar los daños ocasionados por los temporales del  pasado invierno en aquellas localidades donde aún existan  infraestructuras afectadas. En cuanto al resto de obras, los  consistorios podrán presentar, además de proyectos nuevos, otros ya  programados pero no iniciados por insuficiencia financiera en ámbitos  como la construcción, reconstrucción, mejora y rehabilitación de  infraestructuras municipales o instalaciones públicas.

Se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den lugar  obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un  70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá  corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de  las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60%  del coste total de ejecución, con la única salvedad --siempre que se  justifique-- de las actuaciones relacionadas con los daños del  temporal.

En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se  otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y  posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a  colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga  duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los  discapacitados.

Igualmente novedosos son los mecanismos que se introducen para  garantizar el desarrollo efectivo de los proyectos respaldados. Entre  ellos destaca la penalización que se impone a aquellos ayuntamientos  que no hayan iniciado antes del próximo 1 de julio sus obras  aprobadas correspondientes al anterior programa. En este caso, de los  fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le  detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con  independencia de las prórrogas solicitadas para acometerlas.

Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos  municipios, el dinero detraído pasará a ser gestionado por la  Diputación Provincial correspondiente, que lo destinará a iniciativas  a favor de los desempleados. Los 181 millones de euros consignados  por el Proteja para los ayuntamientos se repartirán en un 20%  atendiendo a criterios de población, mientras que el 80% restante se  vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro  registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. En  cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada  consistorio.

De acuerdo con estos criterios generales, la distribución para los  ayuntamientos por provincias queda como sigue: Almería, 14,6  millones; Cádiz, 32,2 millones; Córdoba, 16,4; Granada, 19,3; Huelva,  10,8; Jaén, 11,8; Málaga, 34,8, y Sevilla, 40,8.

El nuevo Proteja establece también medidas para agilizar plazos y  garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma  general, todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de  cinco meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley. 

Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los  ayuntamientos contarán con un mes para licitar las obras o servicios  (anteriormente no se especificaba periodo sino tan sólo una fecha de  justificación de los fondos). En los casos de que se incumpla este  plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, los fondos  pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes  diputaciones provinciales. Para el desarrollo de los proyectos, el  Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses,  prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una  mayor complejidad.

PP E IU DEMANDAN MAS DOTACION ECONOMICA

El parlamentario del PP José Loaiza pidió consenso entre los  grupos para negociar el nuevo Proteja y preguntó "por qué se ha  retrasado tanto" su puesta en marcha, al tiempo que criticó que el  importe sea inferior al de la primera edición. En su opinión, las  políticas que se están aplicando para crear empleo en Andalucía no  son las válidas porque se siguen destruyendo puestos de trabajo.

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, manifestó que al Gobierno  andaluz le falta voluntad para consensuar un programa tan importante  que tiene que llegar a la totalidad de los ayuntamientos andaluces.  Señaló que el nuevo Proteja es "más insuficiente" que el anterior, de  manera que lo calificó de "protejita" y reclamó una mejor respuesta  presupuestaria. Pidió a Pizarro la retirada del plan para presentar  uno nuevo sobre la base de un acuerdo en el Parlamento y con más  dotación presupuestaria, demandando la tramitación como proyecto de  ley.

El diputado del PSOE Angel Gallego aseguró que el Proteja es un  gran programa y defendió que no hay parangón en ninguna otra  comunidad. Señaló que la convalidación política de una medida como  esta es la que debe buscar la Cámara y dijo que las intervenciones de  PP e IU han venido a ratificar la "bondad" del programa.