El Parlament aprueba la ley de consultas pero sin PP y Ciutadans

La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado  este miércoles el texto de la ponencia de la ley de consultas con el  apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el rechazo de PP y C's, por  lo que la norma queda ahora pendiente de su aprobación definitiva en  el pleno previsto para finales de septiembre o principios de  octubre. 

CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han acordado también llevar conjuntamente  el texto aprobado este miércoles al Consell de Garanties Estatutàries  con el objetivo de que el órgano consultivo de la Generalitat avale  la adecuación de la norma a la Constitución y el Estatut, mientras  que PSC, PP y C's no descartan hacer lo propio por su cuenta. 
Estos cuatro grupos son partidarios de que esta norma sirva para  celebrar la consulta de autodeterminación prevista para el 9 de  noviembre después de que el Congreso rechazase traspasar a la  Generalitat la competencia para convocar referéndums, un extremo que  PSC, PP y C's rechazan. 

"No solo es una ley para el 9N, pero también es una ley para el  9N", ha resumido Josep Rull (CiU), que ha ensalzado el amplio  consenso que ha suscitado la norma, y ha esgrimido que con mayorías  tan amplias los catalanes podrán hacer todo lo que quieren para  cambiar las cosas. En declaraciones a los periodistas tras la votación, el diputado  del PSC Ferran Pedret ha insistido en que "por muchas veces que lo  repita Rull" la ley no sirve para la consulta de autodeterminación, y  ha sostenido que, si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la  convoca en base a esta norma, demostrará que la desconoce. 

El portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, ha censurado que la  norma no sea una herramienta de participación ciudadana sinó para la  consulta soberanista, por lo que su grupo la ha rechazado: "No  queremos ser partícipes de un engaño masivo al conjunto de la  ciudadanía. Esta ley no sirve para el referéndum". En la misma línea, Carina Mejías (C's) ha recordado que su grupo  no ha participado en la ponencia de la ley porque "es una coartada  política para celebrar un referéndum ilegal para el que la  Generalitat no tiene competencias". 

Reproches a PP y Ciutadan's

La diputada de ERC Gemma Calvet ha defendido la plena  constitucionalidad de la norma, y ha agradecido a Rodríguez su trabajo en la ponencia pese al 'no' del PP a la misma, una actitud  que ha contrapuesto con la de C's, que directamente se negó a  participar en la ponencia. 

Por contra, Quim Arrufat (CUP) ha lamentado la ausencia de C's y  ha cuestionado la actitud del PP durante los trabajos para  desarrollar la ley: "Tenemos la sensación que hemos estado  compartiendo la ponencia con grupos que han hecho más de fiscal del  Estado que de participantes en la propia redacción". 

Enmiendas vivas

Aunque no se prevé que se introduzcan cambios en el texto aprobado  este miércoles, PSC, PP, ICV-EUiA y C's han dejado varias enmiendas  vivas que deberán votarse en el pleno en que se apruebe la ley, cuya  fecha todavía debe fijarse. 
Una vez el texto de la ley se publique en el Boletín Oficial del  Parlament --este miércoles o jueves--, los grupos tendrán un plazo de  tres días para decidir si llevan la ley al Consell de Garanties, que,  a su vez, dispondrá de un mes para emitir un dictamen no vinculante  sobre la adecuación de la norma al Estatut y la Constitución. Este hecho implica que la aprobación de la ley por parte del pleno  deba celebrarse el mes de septiembre o a principios de octubre, de  forma que la ley pueda estar en vigor un mínimo de 30 días antes del  9 de noviembre para que pueda ser convocada según los plazos que fija  la norma. 

Rasgos de la Ley

El texto que llegará al pleno establece, entre otros aspectos, que  podrán participar de las consultas los mayores de 16 años "que tengan  la condición política de catalanes", incluyendo los catalanes que  vivan en el extranjero y que se inscriban antes en un registro  habilitado al efecto.  También podrán votar en las consultas los extranjeros comunitarios  que lleven un año en Cataluña, así como los no comunitarios con más  de tres años con permiso de residencia, una diferencia temporal que  no gusta a ICV-EUiA y que ha llevado a los ecosocialistes a presentar  enmiendas para que el plazo sea de un año para todos los  extranjeros. 

No se ha resuelto un mecanismo para que los catalanes empadronados  en el resto de España puedan participar en las consultas, una  posibilidad que los servicios jurídicos de la Cámara catalana  desaconsejaron por ser muy difícil "jurídica y operativamente". 

La ponencia establece también que las consultas no podrán  preguntar sobre fiscalidad ni sobre presupuestos de la Generalitat ya  aprobados, aunque si se podrá consultar sobre partidas que se quieran  incorporar o quitar en futuros presupuestos.