El pánico a otra huelga
A cuatro días de la huelga, el miedo a dejar indefensos a los usuarios de una prestación tan básica como la ayuda a domicilio —incluso cuando los servicios mínimos fijados son de “máximos”, como critica UGT— ha hecho reaccionar a las administraciones que están obligadas a garantizarla. Una hora y media antes de la reunión que estaba prevista en el Servicio Extraoficial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, compareció ante los medios, acompañado de la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, para anunciar que la operación financiera en la que el equipo de Gobierno venía trabajando desde mediados de julio “para pagar” a la concesionaria de la dependencia ante “los incumplimientos de la Junta de Andalucía ya está cerrada”.
La operación que ha aprobado Caja Rural es una línea de descuento que permitirá “el pago con carácter inmediato” de 500.000 euros a Multiservicios Jabalcuz para que pueda afrontar el ingreso de las dos nóminas que adeuda a sus más de 160 empleados. Según explicó Fernández de Moya, el dinero “quedaría ingresado el martes o el miércoles de la próxima semana”. Y, una vez que el Gobierno andaluz emita las resoluciones administrativas reconociendo el pago bimestral que corresponda al Ayuntamiento y se produzca el ingreso del dinero, la Caja Rural recuperará “inmediatamente” ese medio millón de euros y, al mismo tiempo, volverá a abrir esa línea de descuento en la misma cuantía”.
“Esto permitirá al Ayuntamiento ir jugando con el pago de la prestación que la Junta no paga”, garantizó el regidor, que aprovechó para puntualizar que la dependencia es “competencia exclusiva” de la Administración autonómica, y advirtió: “[Si el empresario no asume el pago de los intereses derivados de la operación, que están cifrados en un 7%], le reclamaremos a la Junta su pago”. Y no será el único dinero que le exigirá, incluso por vía judicial. “El Ayuntamiento llevará a la Junta a los tribunales por los 2,6 millones de euros que nos debe en políticas sociales”, adelantó Fernández de Moya. En este montante incluyó 965.000 euros en materia de dependencia; 142.000 euros del programa de refuerzo de personal del año 2013, y los “planes concertados de 2013 y 2014”, que suman “1,5 millones”.
Pero el Ayuntamiento no fue la única Administración que llegó ayer al Sercla con compromisos para intentar contener la huelga de trabajadores prevista para el lunes. Su propuesta es “agilizar al máximo los pagos”, indicó a este periódico la delegada de Salud, Ángeles Jiménez. No acumular más de tres meses de retrasos —la deuda actual que reconoce la Junta con el Ayuntamiento es 773.000 euros y es por cuatro— y, según pudo saber este periódico por otras fuentes, intentar hacer pagos mensuales de aquí a enero. No obstante, preguntada al respecto, Jiménez optó por la prudencia y no quiso adelantar algo que no sea cierto al 100%.
Por su parte, el empresario, Rafael Cabrera, se compromete a abonar, el próximo jueves, las dos nóminas que adeuda a los trabajadores y a cumplir religiosamente con el pago de todas las demás. Y ello, sin vincularlo a la línea de descuento asegurada por el Ayuntamiento.
La decisión. Sin embargo, garantizado el cierre de la operación financiera y con las promesas de agilizar los pagos, la respuesta del comité de empresa no fue la que esperaban los responsables de garantizar la prestación de la dependencia. Los trabajadores ya advirtieron que, esta vez, no les valían palabras que se lleva el viento, como la promesa de habilitar una cuenta restringida que nunca llegó a materializarse.
Quieren hechos. Por eso, en una asamblea convocada de urgencia, a las cinco de la tarde, en la sede de Multiservicios Jabalcuz, la decisión “unánime” fue aplazar la huelga hasta el jueves. “Si, entonces, como han dicho, se abonan las dos nóminas pendientes, se desconvocaría. Si no, empezaríamos con el paro y las manifestaciones”, explicó el secretario provincial de Salud, Políticas Sociales y Dependencia de UGT, Miguel Ángel Cazalilla, al término de la reunión. El Sercla, que quedó en suspenso por esta asamblea, se retoma hoy.
Los responsables del equipo de Gobierno local harán doblete, hoy, en las instalaciones del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, dependiente de la Delegación de Empleo. Además de por el caso de la dependencia, que quedó aplazado a la espera de que los trabajadores analizaran la propuesta municipal, se abordará el conflicto de las guarderías municipales. Y también aquí llevará soluciones el Ayuntamiento. “Sacando dinero de donde no lo hay, a través del Banco de España, realizaremos entre hoy [por ayer] y mañana [por hoy] un nuevo pago de 70.000 euros”, anunció el alcalde. José Enrique Fernández de Moya recordó que este ingreso “se suma a los 90.000 de la semana pasada”.
“Esto significaría que el Ayuntamiento estaría ya al día con la cooperativa Ceian”, destacó el munícipe, que, por enésima vez, criticó que la Administración local, con la “ruina” que tiene encima, tenga que abonar las plazas que no se cubren. Además, insistió en la “propuesta formal para llegar a una solución definitiva”: la cesión de los edificios de Las Fuentezuelas y de la guardería Cervantes a Ceian hasta el 31 de agosto de 2025, que vence el convenio actual, a cambio de que el Ayuntamiento deje de ser el “intermediario” de los pagos entre la Junta y la cooperativa. Sin embargo, preguntadas al respecto, fuentes de la Delegación de Educación hicieron hincapié en que la Administración autonómica no tiene relación contractual alguna con Ceian; solo se limita a pagar y, por tanto, son el Ayuntamiento y la cooperativa los que tienen que llegar a un entendimiento. Hasta que no sea un hecho consumado la renuncia municipal a seguir con este servicio, indicaron que Educación no valorará esta propuesta.