El pacto que debe llegar
Voluntad de pacto. El Real Jaén ha mostrado su deseo de alcanzar un entendimiento con los cuatro jugadores que aún no han cerrado el acuerdo de liquidación y que se entrenan bajo las órdenes de Rafael Ortega, entrenador de la casa, en el Estadio de La Victoria. El club está interesado en establecer acuerdos con Fran Miranda, José Cruz, Urko Arroyo y Joel Johnson para cerrar el ejercicio y, al mismo tiempo, evitar cualquier denuncia ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Por el momento, el acuerdo no está cercano, porque el club entiende que la postura de los profesionales es intransigente.
Aunque es un tema que no le quita el sueño a la asesoría jurídica, su voluntad es acabar la temporada como lo ha hecho los últimos años: sin reclamaciones. El curso anterior, tres jugadores presentaron denuncias, pero el Real Jaén cursó sus correspondientes alegaciones y le fueron estimadas por la comisión mixta. “No hubo nada que pagar por vía federativa”, aclaran desde el club, que entiende la decisión como un éxito de los abogados de la entidad.
Sin embargo, el tema de las denuncias puede tener efectos colaterales, siempre en el peor de los casos y en el supuesto de una resolución desfavorable para los intereses del Real Jaén. El club está tranquilo en este sentido porque sostiene que ha cumplido y, además, ha pagado de forma anticipada a los profesionales unos complementos que vencían, según los contratos, el 10 de julio. Si hubiera reclamaciones y una resolución negativa, la sociedad se vería en la obligación de presentar un aval de inscripción para poder participar la próxima temporada en Segunda División B. La normativa federativa es clara y tajante al respecto. El artículo 105 del Reglamento General de la Federación Española deja constancia que es exigible un aval de 125.000 euros para aquellos clubes que, en cualesquiera de las tres temporadas inmediatamente anteriores, hayan tenido resoluciones de la comisión mixta, al menos en dos ocasiones, como consecuencia de deudas vencidas, exigibles y acordadas por dicha comisión o por los órganos jurisdiccionales federativos por importe inferior a 100.000 euros. Si el importe fuera superior a dicha cantidad, el aval exigible será de 200.000 euros. Y si, en las últimas cinco temporadas hubieren sufrido algún descenso administrativo por la misma razón (por motivos de deudas), el aval será de 400.000 euros.
Los avales, que pueden sustituirse por la consignación del importe exigido en la cuenta bancaria federativa, deberán suscribirse entre el 1 y el 5 de julio. La no suscripción de los mismos (o la formalización de las consignaciones) en los plazos indicados conllevará la no inscripción del equipo en Segunda División B, por lo que consumará el descenso administrativo por no formalizar el aval y competirá en la categoría inmediatamente inferior. La forma en la que se cubriría la eventual vacante será la determinada por la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).