El órgano que desplaza al pleno
Apenas pasaban unos minutos de las nueve de la mañana. El calor de la canícula aún no hacía estragos y, como en la sesión de investidura del 13 de junio, al alcalde, José Enrique Fernández de Moya, pareció que se le cortaba la respiración cuando atisbó la amenaza, real, de que el pleno convocado de forma urgente para que el Ayuntamiento se adhiriera al fondo de liquidez habilitado para financiar sentencias firmes se suspendiera.
De entrada, Jaén en Común (JeC) y Ciudadanos (C’s) rechazaron la “urgencia” de la sesión.
Los dos grupos repudiaron la “precipitación financiera” con la que el PP está gestionando un mandato que —en su opinión— debería estar regido por el diálogo. Recordaron que esta nueva medida de liquidez se conocía desde el 6 de julio y recriminaron que, a día de ayer, ni siquiera se les había entregado la información que debía ser objeto de debate. Un listado de “400 sentencias firmes” por importe global de 63,2 millones que si ayer se remitió al Ministerio de Hacienda fue porque el PSOE se abstuvo en la votación de la “urgencia” del punto, y esto, una vez terminada la sesión, permitió al PP convocar una junta local de gobierno y sacarlo adelante con la mayoría (6 contra 3) de la que se ha dotado en este órgano de decisión.
El equipo gobernante defendió la operación en que “es de justicia” que la Administración local atienda al pago de sentencias que, en algunos casos, se remontan dos décadas atrás y, de hecho, la oposición no se mostró contraria. Pero sí deploró las formas: “la presión”, la falta de información que intentó justificar el edil de Hacienda, Manuel Bonilla, en su propio desconocimiento, ya que la recopilación no se cerró hasta el martes a última hora— y, sobre todo, medidas que —en su opinión— no atajan el problema económico y financiero que sufre el Ayuntamiento.
“Estamos ante un bucle maligno”, alertó la concejal de JeC, María Dolores Nieto. “Aunque se piden 70 millones de euros —además de las sentencias, se incluyeron 7,1 millones en préstamos a largo plazo vencidos— tendrán que pagarse más de 80 millones con los intereses”. Desde la bancada de C’s, Iván Martínez siguió la misma línea de este razonamiento: “Estas medidas son un simple parche”. Martínez subrayó la necesidad de “conocer la situación real” que lleva a este tipo de operaciones y receló de un cuarto plan de ajuste que basa sus estimaciones de ingresos en “supuestos”, como el desarrollo del PGOU y la venta de 500 viviendas en los próximos 10 años o en una mejora de la recaudación.
Bonilla argumentó que un plan de ajuste es “una línea de actuación en el futuro”. Y, aunque admitió que “algunas medidas” de los anteriores se están incumpliendo, valoró que, en los últimos años, se ha ahorrado “una media del 9% en el capítulo de personal y del 23%, en el de gastos”. La intervención más dura fue la de la socialista Mercedes Gámez: “Nos han arrastrado a un pleno y nos está forzando a tener una posición contraria a la adhesión de este fondo, porque va a lastrar el futuro de esta ciudad. ¡Ustedes son equipo de Gobierno! ¡Gobiernen!”. Sus palabras desataron las risas en la bancada del PP, pero también la cólera del alcalde. En un tono del que abominó la oposición, tras enumerar algunas de las sentencias pendientes de pago de gobiernos del PSOE, Fernández de Moya acusó a sus rivales de votar “que no cobren 400 personas entre las que también hay empresas”.