El Observatorio Económico de Andalucía dice que el modelo debe ser igual para todas las comunidades
El presidente del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), Joaquín Aurioles, afirmó hoy que el nuevo modelo de financiación autonómica que, actualmente se negocia entre el Gobierno central y las autonomías "y que supondrá un aumento en la cuantía de 7.000 millones de euros con respecto al modelo anterior", debe garantizar que "los servicios sean prestados en condiciones de igualdad de oportunidades, con independencia de la residencia".
"Es necesario que se garantice que todos lo ciudadanos tengamos los mismos derechos públicos", según aseguró Aurioles en rueda de prensa, quien además, indicó que este modelo deberá basarse en un principio de "eficiencia", para optimizar la relación entre la cantidad y la calidad de los servicios percibidos y el coste de la prestación". Además, el presidente del OEA destacó que otro requisito básico para alcanzar el acuerdo está siendo el aumento de los recursos en todas las comunidades, algo que, según señaló, "sólo conllevará a un Estado más costoso, pero no necesariamente más eficiente y por el que recibamos más y mejores servicios en el menor coste". Así, comunicó que este incremento de recursos para las comunidades en momentos de crisis y de ajuste económico "puede resultar inapropiado, ya que producirá un déficit público que deberá ser financiado en contexto de restricción de crédito". Explicó también que "el modelo debe cumplir con el objetivo de proporcionar los recursos financieros que necesitan las comunidades autónomas para hacer frente a sus responsabilidades y prestar los servicios necesarios a los ciudadanos". Asimismo, indicó que hay otros objetivos necesarios, como reducir los desequilibrios territoriales o corregir los déficits fiscales, pero manifestó que éstos deberán ser abordados desde las políticas económicas correspondientes", según señaló Aurioles. El funcionamiento del modelo, según explicó Aurioles, debe fijar otros criterios, como hacen la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). "Como dice la Constitución, el reparto de fondos debe hacerse de forma solidaria, de acuerdo con las necesidades de la población", aclaró Aurioles.