El Lagarto por ejemplo
El Tribunal Superior de Justicia dice en su sentencia que la Junta de Andalucía tiene que derribar la obra artística del Distribuidor Norte. Una bella creación de dos autores de la provincia y que, como indica el fallo judicial, se hizo donde se quiso sin atender las reclamaciones del propietario del solar. Una chapuza más que añadir a cualquier obra de poco o grande calado que se hace en esta ciudad. Finalmente, la escollera o pared fue construida, en principio, para proteger los restos arqueológicos de Marroquíes Bajos, pero, sin embargo, se construyó en una parcela distinta. De esta forma la parcela del denunciante se quedó sin acceso al vial, cerrada.
El propietario intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía que, según el abogado, pasó del asunto y ni tan siquiera respondió al ofrecimiento. A una chapuza siempre se puede sumar otra y, ahora sí, con el fallo en la mano del propietario se estudiará el tema y se intentará llegar a un acuerdo... cuando se lea la sentencia. Los autores claman por la situación y la consideran una auténtica burrada, mientras los ciudadanos se preguntan qué tiene que pasar para que los graves errores de gestión en las Administraciones públicas tengan consecuencias, que alguien levante la mano y diga asumo este grave error. En las empresas privadas los errores suelen estar calificados y tienen sus consecuencias laborales. En las altas esferas políticas, sin embargo, un excelso corporativismo, en todo caso, señalaría a un técnico que pasó por allí. La doble torpeza de edificar donde se quiso por error o acción y, posteriormente, no escuchar y obviar los derechos de un propietario son lamentables de principio a fin.
El propietario intentó, sin éxito, llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía que, según el abogado, pasó del asunto y ni tan siquiera respondió al ofrecimiento. A una chapuza siempre se puede sumar otra y, ahora sí, con el fallo en la mano del propietario se estudiará el tema y se intentará llegar a un acuerdo... cuando se lea la sentencia. Los autores claman por la situación y la consideran una auténtica burrada, mientras los ciudadanos se preguntan qué tiene que pasar para que los graves errores de gestión en las Administraciones públicas tengan consecuencias, que alguien levante la mano y diga asumo este grave error. En las empresas privadas los errores suelen estar calificados y tienen sus consecuencias laborales. En las altas esferas políticas, sin embargo, un excelso corporativismo, en todo caso, señalaría a un técnico que pasó por allí. La doble torpeza de edificar donde se quiso por error o acción y, posteriormente, no escuchar y obviar los derechos de un propietario son lamentables de principio a fin.