El juicio del caso Malaya se reanuda con la declaración del abogado Juan Hoffman
El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), se ha reanudado este lunes con la declaración del abogado Juan Hoffmann sobre la operación Crucero Banús, por la que también están acusados el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román.
El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), se ha reanudado este lunes con la declaración del abogado Juan Hoffmann sobre la operación Crucero Banús, por la que también están acusados el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román. Hoffman ha asegurado que el precio real de la operación urbanística fue de cuatro millones de dólares, que se correspondía con 4,3 millones de euros de la época, aunque se hizo constar un precio menor "por imposición del vendedor". Según la acusación, el convenio urbanístico con la corporación municipal permitió un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo, que el acusado ha reconocido.
Respecto a la negociación de este documento, ha señalado que supone que Román negoció con Roca, aunque ha apuntado que cree, incluso, que también se negociaron previamente estos parámetros por el vendedor con Jesús Gil. No obstante, ha declarado que "no tenía la intención ni el conocimiento de una influencia decisiva de Roca en ese convenio" y ha asegurado que no sabe por qué se redujo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento.
En la operación Crucero Banús, según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros, mientras que los procesados lograron un beneficio de más de seis millones de euros.