El juez cita a Rato para que comparezca por sus negocios
El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, citó a declarar en calidad de imputado al exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato, para mañana a las 11.00 horas, en el marco de la causa en la que investiga su patrimonio y sus actividades económicas, informaron fuentes jurídicas.
La citación del que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se produjo el mismo día en que el juez escuchó como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.
La responsable de este organismo tributario, dependiente del Ministerio de Hacienda, fue preguntada sobre el informe de la Agencia Tributaria que apunta a la presunta comisión de cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por parte de Rato. Valdecasas ratificó el informe que provocó la detención durante ocho horas de Rodrigo Rato el pasado 16 de abril, mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid.
La comparecencia de la testigo tuvo lugar después de que la secretaria del juzgado hubiera cotejado durante 20 días en las oficinas de la ONIF los cerca de 40.000 documentos intervenidos en la causa.
Despatrimonialización. Tras la presentación de dicho informe a la Fiscalía de Madrid, la Audiencia Provincial descartó el alzamiento de bienes —supuestamente cometido para eludir el pago de las fianzas que se le reclaman en la Audiencia Nacional— y la Fiscalía Anticorrupción puso en duda el blanqueo de capitales. El juez señaló en un auto dictado el pasado 1 de julio que por el momento únicamente ve “perfilado” el delito fiscal. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria, que pidió la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015.
También reclamó el registro de su domicilio “incluso con la autorización de la fuerza”. En su informe, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.
La inspectora jefe de la ONIF fue preguntada sobre las presuntas operaciones de despatrimonialización que se detallaban en el informe, en el que se advertía de que se realizaron “con mucha intensidad” en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el “caso Bankia”.
La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene “un elevado tráfico financiero con países de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales”, algo que choca con una actividad empresarial y profesional “básicamente nacional y escasamente internacional”, según señalaba la denuncia. También sospecha que Rato utilizó “territorios de riesgo” (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios.