El juez Andreu seguirá investigando a Israel por un ataque a Gaza en 2002

En un auto notificado hoy, el magistrado defiende la competencia del tribunal español diciendo que no consta que la Justicia israelí investigara los hechos y añade que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" de la Audiencia Nacional, dada la naturaleza de los delitos investigados (crímenes de guerra). Esta decisión puede ser recurrida en reforma ante el propio Andreu y, subsidiariamente, en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia. El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamás Salah Shehade y catorce civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas otras 150 personas. La Fiscalía pidió el pasado 2 de abril el archivo provisional de la investigación, al entender que de la documentación facilitada por Israel al tribunal se desprende que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española para instruir la causa. A esta petición se opusieron los querellantes, la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que criticaron a la Fiscalía por avalar la decisión del Ministerio Público israelí de no investigar el ataque por considerar que se trató de una acción militar "ajustada a Derecho". Ahora, el juez Andreu coincide con estas asociaciones al concluir que, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena "la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal referida a la operación militar llevada a cabo el día 22 de julio de 2002 en la ciudad de Gaza". Añade que "aún en el caso de que existiera algún procedimiento judicial abierto en Israel con el fin de investigar los hechos que nos ocupan, cabría interpretar la competencia concurrente de la jurisdicción española (...), pero en el caso que nos ocupa no ha existido, ni existe, en Israel ningún procedimiento judicial dirigido a la investigación de los hechos denunciados". "En definitiva: desde la fecha de la comisión de los hechos (...), las autoridades judiciales de Israel no han incoado ningún procedimiento criminal que tenga por objeto determinar si de los hechos denunciados puede derivarse la existencia de algún tipo de responsabilidad penal", señala el magistrado. Para Andreu, "buena prueba de ello es que los aquí querellantes, víctimas del 'ataque preventivo', se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial”. El portavoz del ministerio de Exteriores de Israel afirmó que "hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa antiisraelí". Entre los siete responsables y militares israelíes a los que el juez Fernando Andreu quiere procesar por su presunta implicación en el ataque de 2002 figura el entonces titular de Defensa y actual ministro de Comercio, Industria y Trabajo, Benjamin Ben-Eliezer. Los otros seis son el jefe de la Fuerza Aérea, Dan Halutz, el general Doron Almog, el asesor Giora Eiland, el secretario de Ben-Eliezer, Michael Hertzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del servicio de Seguridad. El magistrado Andreu decidió hoy proseguir la investigación contra los siete tras considerar que, en contra de lo alegado por la fiscalía, el Gobierno israelí no ha abierto ningún procedimiento para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque. Además del líder islamista Salah Shehadeh, el bombardeo de hace siete años costó la vida a catorce civiles, nueve de ellos menores. La prensa israelí asegura que la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, contactó a su colega español, Miguel Angel Moratinos, al iniciar Andreu la investigación el pasado 30 de enero. De acuerdo con la fuente, Moratinos explicó entonces a Livni que el Gobierno de Madrid ha planeado modificar las condiciones en que los jueces españoles pueden acogerse al principio de jurisdicción universal para perseguir crímenes cometidos fuera de España.