El fiscal pide cuentas a Fomento
El pasado 31 de julio, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif) acudió a la Fiscalía Provincial para presentar una queja. Denunciaron la “condena” que supone para los miembros de este colectivo el estado actual de la accesibilidad del transporte público por carretera.
Según resumieron, la mayoría de los autobuses interurbanos no están adaptados, lo que supone “una discriminación”: “Los discapacitados que viven en el ámbito rural están encerrados, atrapados, imposibilitados para ir a médicos, recibir formación, buscar empleo o salir a trabajar”, explicó la presidenta de la institución a las puertas del Palacio de Justicia.
Ahora, la Fiscalía Provincial ha atendido su queja. El fiscal encargado de los procesos sobre capacidad de las personas, Cristóbal Fábrega, acaba de firmar un decreto en el que se piden cuentas a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en la materia de transportes interurbanos. En este sentido, el representante del Ministerio Público reclama a los responsables de la Administración que informen sobre varias cuestiones: el número de autobuses accesibles que están circulando actualmente y cuál es el estado de las estaciones públicas de la provincia. También solicita la puesta en marcha del servicio de apoyo a personas con discapacidad y de un sistema de información que contenga datos de las líneas regulares accesibles en Jaén. Por último, cuestiona si existe un plan y un calendario de trabajo para alcanzar un objetivo fijado para el año 2017: que todos los transportes públicos interurbanos por carretera puedan ser utilizados por cualquier persona.
La queja presentada por Fejidif, que rubrican nueve personas a título individual y que avalan otros colectivos como “Accede”, “Acopadiss”, “El Condado” y “Juana Martos”, tiene por objeto que la Delegación de Fomento y las empresas del sector corrijan la situación actual. “Se está incumpliendo la Ley General de Personas con Discapacidad y el Decreto Andaluz de Accesibilidad, que dice que, en 2017, el transporte público en Andalucía tiene que ser accesible”, sostuvo. La queja se produce después de que las reuniones que, en 2013, mantuvo el colectivo con “responsables del Consorcio de Transportes, alguna empresa y el delegado de Fomento” no hayan dado resultado.
El delegado territorial, Rafael Valdivielso, mostró su sorpresa tras la presentación de la queja hasta la Fiscalía. Se mostró especialmente crítico con la decisión adoptada por Fejidif y el resto de colectivos: “Como máximo responsable de la Junta no he tenido ningún encuentro formal o informal con Fejidif para tratar este asunto porque no me lo han pedido o me lo han hecho saber”, aseguró. De hecho, consideró: “Se han pasado de frenada con la queja”. No obstante, garantizó su “total disposición” a una reunión y destacó que, en materia de accesibilidad: “Se está haciendo mucho trabajo y bueno”.
De momento, esa reunión no se ha producido y lo que sí va para adelante son las diligencias abiertas por el Ministerio Público. En principio, y según informan fuentes de la Fiscalía, una vez que se reciba la información solicitada a Fomento, se realizará un informe de evaluación sobre la situación del transporte público interurbano en la provincia.